La fallida Ley de Mecenazgo de La Rioja busca respuesta con una campaña publicitaria institucional
Después de que ninguna persona o entidad haya solicitado reconocimiento de crédito fiscal a su amparo, el ejecutivo riojano lanza una campaña de publicidad institucional en algunos medios
Según reconoce el Gobierno de La Rioja, en una pregunta parlamentaria realizada sobre la Ley de Mecenazgo y su impacto, ningún riojano se ha beneficiado de los beneficios fiscales creados para fomentar esta ley.
Según esta respuesta parlamentaria, «ninguna persona o entidad ha solicitado el reconocimiento de crédito fiscal alguno al amparo de lo previsto en la ley«. Es decir, el importe total de los créditos fiscales reconocidos por el Gobierno de La Rioja a favor de los contribuyentes en aplicación de la Ley 3/2021, de 28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el año 2020 y el año 2021 fue de 0€.
Ahora, el Gobierno de La Rioja; visto este escaso éxito de aquella ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de La Rioja en 2021, que suponía un «hito» para el Gobierno de La Rioja y que contenía una «medida estrella», la «novedosa» regulación de los denominados créditos fiscales; plantea una campaña publicitaria en algunos medios de comunicación que empezará a verse en los próximos días y cuyo coste se desconoce por no estar aún publicado en el portal de la transparencia del Gobierno de La Rioja.
La Ley de Mecenazgo nació con el objeto de fomentar, promocionar y estimular la participación privada en actividades culturales, de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, del deporte y en otras actividades que persigan fines de interés general, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Para ello presentó una novedad en el sistema tributario riojano: los donativos a favor de la CAR para alguna de las actividades objeto de mecenazgo o para establecimiento de becas para cursar estudios generarían un crédito del 25% de su valor que podía ser utilizado para pagar impuestos propios de la CAR o como deducción en los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.
Dicha regulación fue puesta en entredicho por el Gobierno de España, activando el mecanismo -comisión bilateral- previo a llevar al Tribunal Constitucional la norma aprobada en La Rioja por invasión de competencias estatales, precisamente el problema se situaba en que el Gobierno invadía con la regulación de los créditos fiscales las competencias sobre tributos cedidos, y el Gobierno de Concha Andreu terminó reculando y plegándose ante Pedro Sánchez y cambiaba la Ley por la ‘puerta de atrás’ a través de la conocida como Ley de acompañamiento (Ley de medidas fiscales y administrativas para 2022).
Andreu anuncia la celebración de una comisión bilateral con la ministra de política territorial
Curiosamente, pese a la presentación de la Ley como un hito, finalmente va a tener razón la memoria final de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública cuando rebajaba el impacto de la norma y, al final: “La norma no tiene un impacto significativo en la actividad económica, considerando varios criterios: ni por el peso del sector cultural sobre el conjunto de la economía de La Rioja, ni por el peso del mecenazgo sobre la financiación del sector cultural –precisamente ésa es la situación que se desea modificar- ni por el coste presupuestario previsible sobre el total de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja