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El mecenazgo en La Rioja, a un paso del constitucional

Tudelilla Cerveza

El Gobierno de España ha activado la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja, en relación con la Ley 3/2021, de 28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja por discrepancias con el texto aprobado por La Rioja.

Los artículos 8 a 11, los relativos a beneficios fiscales para fomentar la participación del sector privado en estas actividades, estarán actualmente en entredicho y, si no hay acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral, La Ley podría terminar en el Tribunal Constitucional.

La ley tiene por objeto el fomento del mecenazgo como forma de promocionar y estimular la participación privada en actividades culturales, de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, del deporte y en otras actividades que persigan fines de interés general, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Curiosamente, pese a la presentación de la Ley como un hito, la memoria final de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, afirma “La norma no tiene un impacto significativo en la actividad económica, considerando varios criterios: ni por el peso del sector cultural sobre el conjunto de la economía de La Rioja, ni por el peso del mecenazgo sobre la financiación del sector cultural –precisamente ésa es la situación que se desea modificar- ni por el coste presupuestario previsible sobre el total de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja

En cuanto a los sectores sanitario y social, si bien su impacto en el conjunto de la economía es mayor, la incidencia del mecenazgo sobre ellos es incluso inferior a la correspondiente al sector cultural”.

La Ley que el Consejero González, precisamente funcionario de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), vendía como novedosa y que contó con todos los parabienes de las Direciones Generales de Tributos, Presupuestos y Servicios Jurídicos, que dependen del Consejero, ahora es frenada por el Gobierno de España.

Incentivos fiscales de la Ley de Mecenazgo de La Rioja

Los créditos fiscales originarían la discrepancia entre el Estado y La Rioja.

Estos suponen una novedad en el sistema tributario riojano. Los donativos a favor de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para alguna de las actividades objeto de mecenazgo o para establecimiento de becas para cursar estudios, generan un crédito del 25% de su valor que puede ser utilizado para pagar impuestos propios de la CAR o como deducción en los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.

Si el beneficiario es una persona física y fallece sin haberlo utilizado pueden utilizarlo sus herederos para pagar el ISD siempre que no se haya agotado su periodo de vigencia.

Si el beneficiario es una entidad que tributa en régimen de consolidación fiscal por cualquiera de las entidades integrantes del grupo, previa autorización de la beneficiaria.

Comisión bilateral

El BOE del pasado 15 de septiembre recogía la Resolución de 31 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja, en relación con la Ley 3/2021, de 28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. En dicha Resolución, se activa el proceso por parte del Gobierno de España que podría terminar con la Ley ante el Tribunal Constitucional.

De momento, ambos Gobiernos, inician las negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley 3/2021 de 28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La Rioja a cuyo efecto se ha designado un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda.

La Resolución no fue recogida por el BOR hasta el pasado 30 de septiembre.

Informes del Gobierno de La Rioja

Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Andreu, dependientes del propio Celso Gonźalez, dieron su plácet al proyecto de Ley presentado por el Gobierno sin objetar nada al mismo. Es más, según el Informe firmado por el DG de Servicios Jurídicos, el proyecto sometido a examen era “conforme a derecho, por lo que se informa favorablemente el mismo”.

Llama la atención especialmente, entre las consideraciones jurídico-administrativas del DG, Daniel García, a la vista del inicio del procedimiento por parte del Gobierno de España, lo siguiente:

“2.- Según se expone tanto en la memoria de la Secretaria General Técnica, como en la propia exposición de motivos de la Ley, se justifica la necesidad de la misma, a los efectos de la consecución de los fines descritos en el expositivo 3º (Contenido y objeto de la Ley) del presente informe.

En suma, la justificación de la necesidad de la norma, y su perfecta adecuación al ordenamiento jurídico regulador de la particular materia, tanto de ámbito estatal como autonómico, se considera suficiente por esta Dirección de los Servicios Jurídicos.

3.- Dicho Anteproyecto de Ley no incumple normativa de carácter autonómico o estatal ya que, a juicio de estos Servicios Jurídicos, no se observa en el articulado o contenido de la norma a tramitar ninguna disposición o precepto que contravenga o vulnere el Ordenamiento Jurídico Español, o el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Autónoma de la Rioja, que forma parte de aquel”.

La Dirección General de Tributos, como conclusión final de la memoria económica del proyecto la siguiente estimación sobre la incidencia de la Ley:

El coste fiscal de las medidas propuestas asciende a 727.800 € (créditos fiscales 50.000 + IRPF 375.000 + IP 275.000 + ISD 27.800) y beneficiaría a 5.733 contribuyentes (créditos fiscales 700 + IRPF 5.000 + IP 22 + ISD 11).

 

La Rioja, un quebradero de cabeza para el Gobierno Sánchez

El de la Ley de Mecenazgo es el segundo ‘conflicto’ competencial del Gobierno de España con La Rioja. Otro foco de discrepancia, que ya se encuentra en manos del Tribunal Constitucional, se produjo a cuenta de la aprobación de un nuevo Estatuto de Personal al servicio del Parlamento de La Rioja el pasado mes de marzo.

El Parlamento, presidido por el también socialista Jesús María García, aprobó un nuevo texto de los trabajadores del Parlamento con una disposición transitoria por la que establece que aquellos trabajadores que llevan más de cinco años prestando servicios en la Cámara pasen a ser personal fijo.

Esto afectó a cinco trabajadores ‘interinos’ que fueron convertidos en fijos. La medida contó con el voto en contra del PP y la abstención de Cs.

El Gobierno de Sánchez alega que la disposición transitoria segunda del Estatuto de Personal del Parlamento de La Rioja, referido a la consolidación del empleo de carácter temporal, puede vulnerar los arts. 23.2, 103 y 149.1.18 de la Constitución y el Tribunal Constitucional admitió el Recurso planteado por el Gobierno el pasado mes de septiembre. Mientras tanto, el citado García sostiene que “La Cámara es soberana en la organización interna del personal”.

A estos dos asuntos, se le une la gestión del caso Ghali por parte de la Presidenta del Gobierno de La Rioja. La acogida e ingreso en el Hospital San Pedro de Logroño del dirigente del Frente Polisario, con una identidad falsa, desató una crisis humanitaria con Marruecos, un conflicto institucional con el país y un problema judicial que llega, de momento, a la ex Ministra González Laya. Andreu, miembro de la Ejecutiva Federal de Sánchez, y próxima secretaria general de los socialistas riojanos, “dio las instrucciones oportunas” para atender la petición del Gobierno de Sánchez sobre Ghali y su Jefe de Gabinete, Eliseo Sastre, tendrá que comparecer, de momento, como testigo ante el Juzgado nº7 de Zaragoza.

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