La Rioja rechaza una financiación singular para Cataluña y reclama igualdad entre comunidades
El Gobierno de La Rioja ha mostrado su oposición al acuerdo entre el Ejecutivo central y la Generalitat para una financiación singular para Cataluña, al considerar que supone un “privilegio inaceptable” y un “perjuicio” para comunidades como la riojana.
El consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Domínguez, ha calificado de “trato discriminatorio” la negociación bilateral y ha criticado que se haya realizado fuera del marco multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde participan todas las comunidades de régimen común.
Desde el Gobierno riojano se alerta de que este pacto “rompe los principios de igualdad y solidaridad” entre los ciudadanos del conjunto del Estado. Además, aseguran que la ausencia de un acuerdo multilateral limita la capacidad de las comunidades para planificar sus presupuestos.
Domínguez ha recordado que La Rioja podría perder más de 300 millones de euros en recursos financieros, según un informe del Colegio de Economistas de la comunidad. También ha denunciado que aún no se conocen las cifras clave del sistema, como la liquidación de 2023, ni se han actualizado las entregas a cuenta, que llegarán en septiembre “con retraso y falta de transparencia”.
Asimismo, el consejero ha expresado su preocupación por el aplazamiento del CPFF hasta después del verano, lo que impide a las comunidades disponer de los objetivos de déficit, regla de gasto y deuda pública necesarios para elaborar sus presupuestos de 2026.
El Ejecutivo autonómico insta al Gobierno central a abordar una reforma global del Sistema de Financiación Autonómica, vigente desde 2009, que incluya a todas las comunidades en condiciones de equidad. Según Domínguez, el actual enfoque unilateral “debilita la cogobernanza y perjudica a territorios como La Rioja”.
La comunidad reclama que cualquier reforma se debata y acuerde en los órganos legales establecidos, como el CPFF y la Conferencia de Presidentes, para garantizar un reparto justo de los recursos públicos.