Una vez concluido el informe del Consejo Consultivo de La Rioja, que sí recomienda la interposición de un recurso de inconstitucional ante la ley denominada de Amnistía, el Gobierno de La Rioja ha anunciado que interpondrá este recurso.
Así lo ha dado a conocer el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domingues, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en cuyo seno de ha adoptado finalmente este acuerdo.
Según lo explicado por el consejero portavoz, esta decisión viene motivada en que «la ley de amnistía supone la quiebra de algunos principios fundamentales de la organización territorial del estado y además esta supone una amnistía penal pero también pecuniaria por el perdón de toda esas condenas por delitos de malversación, etc. Por tanto, afecta a la Hacienda del estado español y, por tanto, también a la de las comunidades autónomas».
La Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social de Cataluña explican desde el ejecutivo riojano, supone un ataque a la democracia y a la configuración constitucional de España, una importante violación de los principios constitucional de igualdad, ya que se aprueba para favorecer a sujetos muy concretos, y vulnera los principios de seguridad jurídica y separación de poderes.
Alfonso Domínguez ha subrayado que “los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para la adopción de leyes de amnistía dada su naturaleza controvertida, y, en este caso, se utilizó la proposición de Ley y el procedimiento de urgencia, de manera que se omitieron informes de órganos consultivos en una Ley de indudable trascendencia constitucional”.
Además, “la amnistía no aparece regulada ni mencionada en la Constitución”, porque “fue voluntad del legislador no incluirla” y, en cualquier caso, del hecho de que no figure en la Carta Magna “no se puede interpretar que las Cortes Generales tienen total libertad para decidirlo todo, menos lo expresamente prohibido por la Constitución”. “La prohibición de indultos generales en la Constitución –ha incidido– abona esta idea”. Por ello, la regulación de la amnistía “exigiría previamente una reforma constitucional en forma y fondo, no de forma encubierta y fraudulenta”.
Por último, Alfonso Domínguez ha advertido de que esta Ley “dinamita decisiones firmes adoptadas por el poder judicial”, quiebra el principio de igualdad jurídica, así como el de seguridad jurídica, al actuar en un ámbito amplio e indeterminado, y manifiesta una rotunda arbitrariedad puesto que solo tiene una concreta y evidente finalidad: obtener los 7 votos de Junts per Catalunya para la investidura del presidente del Gobierno de España”.