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¿Fue delito autorizar el 8M? Un juzgado de Madrid incoa diligencias previas y ya lo investiga

Tal y como se informa en «El Mundo«, un juzgado de Madrid ha acordado abrir una investigación penal contra el delegado del Gobierno en Madrid para comprobar si cometió delito al autorizar marchas como la del 8M, pese a los datos sobre la epidemia de coronavirus con los que ya se contaba en esas fechas.

Un particular ha presentado una denuncia contra todos los delegados de gobierno de España y contra el presidente del Gobierno. Esta juez ha asumido sólo lo que afecta al delegado en Madrid, José Manuel Franco Pardo, porque no tiene competencia sobre los demás. Ahora habrá que ver si esta denuncia se presenta en otras comunidades y cómo responden, de ser así, otros jueces.

La denuncia se basa, según resume la resolución judicial, en que «a pesar de los datos con que se contaba en los primeros días de marzo de 2020 y, singularmente, a pesar del informe del Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades del 2 de marzo de 2020 sobre el coronavirus, las reuniones multitudinarias en Madrid de los días 7 y 8 de marzo no fueron prohibidas o restringidas por la autoridad competente, el Delegado del Gobierno de Madrid».

El escrito del particular consideraba que se podía haber cometido un delito de prevaricación administrativa. Sin embargo, la juez duda de que sea la calificación jurídica correcta y sugiere que a ella podrían sumarse «otras, como, por ejemplo, el delito de lesiones por imprudencia profesional».

«En opinión de esta instructora, y con todas las cautelas propias de esta fase inicial de la investigación, resulta imprescindible incoar diligencias previas y practicar las diligencias que se dirán, a fin de -a la luz de las consideraciones expuestas- clarificar éstos y cuantos otros extremos permitan esclarecer si estamos o no ante hechos delictivos».

La juez ordena numerosas diligencias. La primera de ellas, un informe forense que explique «si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas y, en caso positivo, si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración».

En segundo lugar, la juez pide a la Guardia Civil que le informe del curso que se dio «al informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades en lo que a España se refiere». En concreto, cuál fue el «órgano de recepción oficial de dicho informe en nuestro país, difusión que del mismo hizo entre las autoridades y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid (fechas, texto literal remitido)».

La decisión ha sido adoptada por la responsable del juzgado de instrucción 51, Carmen Rodríguez Medel.

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