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El Gobierno de La Rioja con al DOCa. Rioja y contra la propuesta del PNV de romper la denominación

El Gobierno de La Rioja, ha mostrado su máximo apoyo al Consejo Regulador de la DOCa. Rioja para activar todos los mecanismos en defensa de la DOCa. Rioja ante la propuesta de creación de un Consejo Regulador de zona geográfica que cubriría el territorio alavés de la Denominación de Origen. Andreu subraya que “no es tiempo de inventar, sino de rentabilizar y generar riqueza. Tenemos en el vino de Rioja un envidiado activo para conseguirlo y la injerencia política, en un ámbito en el que el sector es soberano, ni es beneficiosa ni inteligente. No debemos enredar ni adueñarnos de lo que funciona, tiene éxito y está excelentemente administrado por el sector”.

La propuesta plantea modificar la Ley 6/2015 de Denominaciones de Origen supraautonónomicas. A través de la misma se abriría la posibilidad, cuando el 60 por ciento o más de operadores inscritos en la DOP en un ámbito territorial-administrativo así lo decidan, a la creación de nuevos órganos de gestión de competencia geográfica inferior a los actuales Consejos Reguladores vitivinícolas que extienden su ámbito competencial sobre un territorio que abarque varias Comunidades Autónomas.

El Gobierno de La Rioja comparte la posición del Consejo Regulador de la DOCa. Rioja de la “unidad y unicidad de la DOCa. Rioja y la atribución exclusiva de su gestión al sector”. El Ejecutivo respalda, por tanto, al sector “verdadero artífice y gestor de la Denominación, quien está absolutamente legitimado en la defensa de sus intereses, como así lo venimos manifestando reiteradamente”, afirma Andreu.

El Gobierno regional considera que el sentido de los Consejos Reguladores no está determinado por una cuestión territorial-administrativa, sino por una cuestión de representatividad paritaria de todos los intereses económicos y sectoriales que participan de manera significativa en la obtención del producto protegido de la Denominación de Origen.

La existencia de Consejos Reguladores de zona geográfica conllevaría la creación de nuevos órganos que supondrían una duplicación de otros ya existentes sobre el mismo ámbito territorial y funcional. Los Consejos Regulares son corporaciones de derecho público que deben evitar ineficacias como las generadas por las duplicidades.

“Creemos firmemente en la vigencia de los principios que justifican la esencia de la Denominación de Origen española con mayor reconocimiento internacional. Siempre hemos defendido y defenderemos con fuerza los intereses de La Rioja en este sector, apoyando al Consejo Regulador, siendo interlocutores con el Ministerio y, sobre todo, poniendo los intereses de la región por encima de todo”, incide la presidenta. “La propuesta de modificación de la Ley de Denominaciones, en el sentido que está hecha, no es una demanda del sector y, además, no aporta ninguna solución a los retos actuales que enfrenta”, resume Andreu.

La presidenta reitera “el respaldo del Ejecutivo regional al Consejo Regulador en preservar la esencia e imagen de la DOCa. Rioja como denominación de origen de calidad referente en el mundo. El Gobierno de la Rioja está en permanente contacto con el sector y con el Consejo Regulador en este asunto en el que estamos plenamente alineados y en el que siempre nos encontrarán a su lado”.

El Ejecutivo regional subraya nuevamente que no hay diferenciación alguna en los factores naturales como paisaje, clima o suelo, ni los factores humanos o procesos productivos, para justificar la creación de un Consejo Regulador de zona geográfica. “Precisamente, y aunque esta modificación no sólo afectaría a la DOCa Rioja, ésta última es el mejor ejemplo de éxito de corresponsabilidad y gestión entre diferentes Administraciones y agentes del sector”, apunta Andreu.

El Gobierno regional considera que la DOCa. Rioja ha dado pasos suficientes en los últimos años para identificar y diferenciar a los vinos a partir de su origen, aportando más información a este respecto en el etiquetado. En cualquier caso, la evolución del modelo la marcan los propios agentes del sector a través de su Consejo Regulador, lo que ha evitado hasta la fecha injerencias políticas.

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