Siete contratos del Estado, firmados durante el estado de alarma y por un valor de 326 millones de euros, se hallan bajo investigación. Entre ellas se encuentran contratos vinculados a familiares de Pedro Sánchez y de Nadia Calviño o a empresas relacionadas con Ábalos e Illa.
Fue el equipo de Isabel Díaz Ayuso desde el Gobierno de Madrid el que denuncio una batería de contratos. De esa batería, anticorrupción ha decidido incoar expediente y abrir investigación sobre siete
El decreto firmado este viernes por el fiscal Jefe Alejandro Luzón apunta a contratos con las empresas Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., FCS Select Productos S.L, Member Of The Tribe S.L, Weihaitextile Group Import & Export, Hyperin Grupo Empresarial, Beedigital, e industrias plásticas Playbol, según concreta un decreto firmado este viernes por el fiscal Jefe Alejandro Luzón. Se investigan estos contratos por posible prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Luzón, a pesar de abrir la investigación, a su vez ha señalado que el PP no aporta información «sobre la supuesta relación de los adjudicatarios con las personas aforadas que se indican y su posible intervención o ayuda en la obtención de los contratos […] sobre su participación en los hechos delictivos».
Ciertamente, fueron muchos los contratos que durante aquellas fechas se firmaron por vía de urgencia, de emergencia y de imperiosa necesidad en un mercado muy difícil y convulso.
María Jesús Montero, entonces portavoz del gobierno, llegó a definir la situación en aquellas fechas como «una guerra auténtica por hacernos con los respiradores, mascarillas y test rápidos»