El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto que regulará los aspectos procedimentales y organizativos del ejercicio del derecho de acceso a la información pública recogido en nuestra ley autonómica de transparencia (Ley 3/2014, de 11 de septiembre de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja).
Desde la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 afirman haber constatado un incremento de solicitudes de los ciudadanos. Según señalan, el 2019 se registraron 84, durante el 2020 se recogieron 98, mientras que en el ejercicio 2021 fueron 173 y en el primer trimestre de este año van 48 como puede consultarse en la web https://web.larioja.org/portal-transparencia/tablas-de-las-resoluciones-en-materia-de-acceso
Dichas solicitudes, además, “se refieren a materias de lo más variadas y tienen como destinatarios a los numerosos órganos que componen la estructura administrativa, lo que produce como resultado una cada vez mayor complejidad en su tramitación” según ha destacado el director general, Axier Amo Izarra.
El decreto regula el procedimiento de gestión de estas solicitudes con varios ejes a destacar, con el objeto de favorecer la agilidad administrativa autonómica. Por un lado, prevé la implantación de una aplicación informática específica llamada a perfeccionar la tramitación de los asuntos; por otro lado, ofrece a los órganos administrativos encargados de su gestión un apoyo y asesoramiento por parte de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, introduciendo en el procedimiento la emisión de un informe de esta última en el que se arroje luz cuando así se solicite por aquellos.
En definitiva, insiste Axier Amo “esta medida viene a aportar una mayor claridad y seguridad jurídica en la materia, colocando como actores protagonistas tanto a las unidades de transparencia existentes en cada una de las consejerías como a la propia dirección general de Transparencia y Buen Gobierno”.
De esta forma, el presente decreto ayudará al objetivo último de conseguir un incremento de los niveles de acceso a la información pública para la ciudadanía, y una mayor transparencia en la actuación administrativa, situándonos en línea con las administraciones más avanzadas de nuestro entorno y profundizando así en la calidad de nuestra democracia.