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La Rioja y la Policía Nacional refuerzan el control sobre el juego y las apuestas

El Gobierno de La Rioja y la Policía Nacional reforzarán la vigilancia y el control de las actividades de juego y apuestas en la comunidad autónoma mediante un nuevo convenio de colaboración entre ambas administraciones.

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía a suscribir este acuerdo con la Dirección General de la Policía.

El convenio permitirá mantener un Grupo de Inspección integrado por dos funcionarios de la Policía Nacional, que contará con los medios materiales y económicos necesarios para desarrollar sus funciones.

Entre sus tareas estarán la vigilancia y el control de las actividades relacionadas con el juego y las apuestas, la elaboración de actas de inspección y la adopción de las medidas cautelares previstas en la normativa vigente.

El acuerdo actualiza la colaboración que La Rioja y el Ministerio del Interior mantienen desde 1994 en materia de inspección y control del juego y adapta este marco de cooperación a la legislación autonómica actual.

Estas actuaciones se desarrollarán al amparo de la Ley 3/2022, reguladora de los juegos y las apuestas de La Rioja y de la prevención del juego problemático y patológico.

La normativa autonómica establece que las funciones de inspección y control corresponden a los funcionarios adscritos al área competente en materia de juego, aunque permite la colaboración de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para facilitar la actividad del Grupo de Inspección, el Gobierno de La Rioja pondrá a disposición de los agentes un vehículo de uso exclusivo y equipamiento informático. El Ejecutivo regional también destinará hasta 5.000 euros anuales para cubrir dietas y otros gastos derivados del servicio.

Los funcionarios policiales podrán participar, además, en cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con la inspección y el control de las actividades de juego y apuestas.

El convenio contempla medidas específicas sobre confidencialidad, protección de datos personales y seguridad de la información utilizada durante las actuaciones inspectoras.

Asimismo, se creará una comisión mixta de seguimiento encargada de coordinar las actuaciones, supervisar el desarrollo del convenio y resolver las cuestiones relacionadas con su aplicación.

Este órgano se reunirá, al menos, una vez al año para evaluar el funcionamiento del acuerdo y realizar el seguimiento de la colaboración entre ambas administraciones.

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