La Rioja solicita un crédito extraordinario de 100 millones por la falta de transferencias del Estado
El Gobierno de La Rioja ha aprobado acudir a un crédito extraordinario para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales. La decisión llega ante la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y el retraso en las entregas a cuenta por parte del Ejecutivo central.
Según explicó el portavoz y consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este lunes en Torrecilla en Cameros, el Estado no ha transferido a la Comunidad Autónoma 60,5 millones de euros en anticipos comprometidos en lo que va de año.
Esta situación, que ya se repitió en 2024, está provocando “tensiones de tesorería” que comprometen el pago puntual de servicios como la sanidad, la educación o la dependencia, según ha afirmado Domínguez.
El consejero recordó que el sistema de financiación autonómica representa en torno al 80% del presupuesto no financiero de la región. “No se trata de fondos del Estado, sino de recursos que corresponden a las comunidades de régimen común y que deben ser transferidos”, subrayó.
En concreto, La Rioja está recibiendo las mismas cuantías mensuales que en 2023, a pesar de que tanto la recaudación como el gasto público han aumentado. Esta congelación implica que la comunidad deja de percibir 17,23 millones de euros al mes, una cantidad que, según Domínguez, “pertenece a los riojanos”.
Para hacer frente a este desfase, el Gobierno riojano ha solicitado un crédito al Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 100 millones de euros. Una medida “extraordinaria” para afrontar la situación mientras no se actualicen las transferencias.
Desde febrero, la comunidad ha dejado de recibir los fondos actualizados, ya que la prórroga aprobada por el Gobierno de España solo garantizaba las transferencias vigentes en enero de 2025. Así, entre enero y abril, La Rioja ha acumulado un desfase de más de 60 millones.
De continuar este escenario, el impacto económico podría alcanzar los 253 millones de euros al cierre del ejercicio. Esta cifra incluye tanto las entregas mensuales que dejarían de recibirse (197 millones), como la liquidación pendiente de 2023 (56 millones).
Por ello, el Gobierno riojano ha exigido al Ejecutivo central la actualización inmediata de las entregas a cuenta mediante un real decreto-ley. “No hay excusas”, concluyó Alfonso Domínguez, quien instó al cumplimiento de las obligaciones constitucionales.