La Rioja aprueba un protocolo integral para impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual en la Administración
El Gobierno de La Rioja ha aprobado este viernes, 20 de febrero, un protocolo integral destinado a garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual en la Administración General de la Comunidad Autónoma.
El documento ha recibido el respaldo unánime del Comité de Seguridad y Salud y establece, por primera vez, un marco común para asegurar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el acompañamiento profesional en el acceso y desarrollo del empleo público.
El texto, elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL), fija las pautas para adaptar los puestos de trabajo y facilitar una incorporación en condiciones de seguridad, autonomía y desarrollo profesional.
El protocolo se articula en torno a tres ejes fundamentales. El primero es la adaptación y el apoyo, mediante una valoración interdisciplinar del puesto y la implantación de las medidas necesarias para que la persona pueda desempeñar sus funciones con autonomía.
El segundo se centra en el desarrollo profesional, garantizando la continuidad y la progresión laboral a lo largo de la vida activa en la Administración.
El tercero refuerza el cumplimiento normativo, asegurando que la Administración riojana aplica la legislación vigente y las políticas públicas en materia de discapacidad.
Evaluación integral y nuevas unidades de apoyo
El SPRL realizará una evaluación completa de cada puesto de trabajo, analizando tareas, entorno y organización. En este proceso participarán perfiles técnicos, sanitarios y especialistas en ergonomía y psicosociología.
Además, el protocolo contempla la creación de las Unidades de Inclusión del Personal con Discapacidad (UIPD) en cada consejería. Estas unidades ofrecerán apoyo especializado para adaptar los puestos, realizar el seguimiento y coordinarse con los centros de trabajo.
Otra de las novedades es la incorporación de la figura del Tutor de Acompañamiento. Será un empleado público voluntario, con formación específica en discapacidad, que actuará como referencia durante los primeros meses, entre seis y nueve, tras la incorporación.
Su labor consistirá en orientar, resolver dudas y facilitar la integración hasta que la persona alcance el mayor grado posible de autonomía.
El protocolo prevé también la creación de una comunidad de aprendizaje formada por tutores y trabajadores con discapacidad intelectual para compartir experiencias y buenas prácticas.
El documento incluye un itinerario específico de empleo que permitirá identificar oportunidades de desarrollo y adaptar los puestos a lo largo del tiempo, especialmente ante situaciones vinculadas al envejecimiento o nuevas necesidades de apoyo.
Asimismo, se establece un canal permanente de comunicación entre las UIPD, el SPRL y los responsables de los centros de trabajo para detectar incidencias y garantizar una respuesta coordinada.
Con esta medida, la Administración riojana da un paso más en la consolidación de políticas de empleo público inclusivo y refuerza su estructura para asegurar la integración efectiva de personas con discapacidad intelectual.