La Rioja actualiza su política de seguridad de la información para reforzar la protección de los servicios públicos
El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes, 6 de mayo, un nuevo decreto que actualiza la política de seguridad de la información del sector público en la Comunidad Autónoma de La Rioja. El texto refuerza la protección frente a riesgos y se adapta a las últimas normativas legales y avances en ciberseguridad y protección de datos.
Este nuevo marco sustituye al decreto 4/2023, vigente hasta ahora, y se alinea con los retos tecnológicos actuales, como el crecimiento de la Administración Electrónica y el uso de inteligencia artificial o analítica avanzada. El objetivo es garantizar que el acceso a los servicios públicos se realice en un entorno seguro, fiable y adaptado a las amenazas actuales.
La revisión ha sido promovida por la Dirección General para la Sociedad Digital, y establece las bases para que tanto empleados públicos como ciudadanos interactúen con la Administración con garantías de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
En un contexto de innovación constante, el Gobierno riojano considera prioritario un uso responsable de los sistemas de información. Amenazas como el ransomware o los accesos no autorizados a datos estratégicos han hecho necesaria esta actualización normativa.
El texto presta especial atención a sectores sensibles como sanidad, servicios sociales y justicia, donde cualquier fallo puede afectar gravemente a la ciudadanía. Por ello, se implementan nuevas medidas que garantizan la continuidad de los servicios esenciales ante posibles incidentes.
Entre los principales objetivos del decreto destacan:
• Reforzar la resiliencia digital frente a ciberamenazas
• Garantizar la seguridad integral de la información
• Proteger la continuidad de los servicios públicos esenciales
• Fomentar el uso seguro de tecnologías emergentes
• Impulsar la formación y concienciación en protección de datos
Actualmente, la mayoría de los trámites se inician ya de forma digital, como la cita médica, la solicitud de subvenciones o la presentación de impuestos. Esta política busca asegurar que dichos procesos se mantengan bajo estrictos estándares de seguridad.
El Ejecutivo regional subraya su compromiso con una transformación digital segura, basada en la confianza y la responsabilidad compartida. La colaboración entre perfiles técnicos y ciudadanos será clave para su aplicación efectiva.