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La justicia vuelve a confirmar que CSIF fue discriminado por el gobierno de Concha Andreu

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha dado a a conocer la inadmisión del Recurso de Casación del Parlamento de La Rioja y confirma la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de La Rioja en la que se reconoce que CSIF fue discriminado por el Gobierno de Concha Andreu.

CSIF subraya que “el Gobierno de Concha Andreu, con la aprobación de Unidas Podemos y sus sindicatos afines CCOO y UGT, impidió que CSIF formara parte de la Mesa de Negociación del Parlamento de La Rioja alegando que no tenía la condición de sindicato más representativo en La Rioja”.

CSIF acudió a la justicia considerando que la privación de estar en la Mesa de Negociación del Parlamento de La Rioja suponía la vulneración del derecho a la libertad sindical y a la igualdad del sindicato, derechos protegidos por los artículos 14 y 28 de la Constitución Española. En aquella denuncia, solicitó “el cese inmediato del comportamiento antisindical de la Mesa del Parlamento de La Rioja, con la adopción de las medidas adecuadas para la participación de CSIF en la citada Mesa con pleno restablecimiento de la acción sindical”.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ dictó sentencia que estimaba parcialmente el recurso de CSIF, contra la que el Parlamento de La Rioja anunció la interposición de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Este recurso ha resultado inadmitido y ha dado firmeza a la sentencia, condenado en costas al Parlamento de La Rioja.

Esta supone una segunda victoria judicial de CSIF frente a las discriminaciones sindicales que sufrió durante el anterior gobierno de PSOE y Unidas Podemos “en colaboración con los sindicatos CCOO y UGT”.

Hace unas semanas también se hizo pública la sentencia de la misma Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de La Rioja en la que se estimaba parcialmente el recurso interpuesto por CSIF por haber sido discriminado al privarle de poder participar en unos programas de igualdad que el pasado Gobierno concedió únicamente a UGT y CCOO en el período 2021 -2023.

La Administración fue condenada a compensar a CSIF y a pagar las costas judiciales.

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