Isabel Pardo de Vera e Ignacio Herrero, sin pasaporte por petición de la fiscalía
Los ex altos cargos Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, e Ignacio Herrero, exdirector general de Carreteras, han declarado este lunes ante la Audiencia Nacional negando su implicación en los supuestos amaños de adjudicaciones públicas investigados por la Guardia Civil en el marco del caso Koldo.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado como medida cautelar la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España, lo cual ha sido acordado por el juez instructor.
Ambos están imputados por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, delito de tráfico de influencia, prevaricación y malversación.
Durante su comparecencia, ambos han decidido responder solo a sus respectivas defensas y al Ministerio Fiscal. No han contestado a la acusación popular, representada por el Partido Popular, ni el juez Ismael Moreno ha formulado preguntas.
Según fuentes conocedoras de la causa, Pardo de Vera ha afirmado que mantuvo contacto con Koldo García por ser asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aunque trasladó a este su incomodidad por la insistente intervención de García en los procesos de contratación.
Por su parte, Ignacio Herrero ha rechazado las acusaciones contenidas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO). En relación con mensajes en los que enviaba la palabra «bingo» a Koldo García tras ciertas adjudicaciones, ha declarado que simplemente reflejaban satisfacción por la finalización de los procedimientos, sin relación con supuestos beneficios a empresas concretas.
También ha explicado que el interés del ministro Ábalos en esos contratos se debía al contexto prelectoral, en el que buscaba anunciar avances en las infraestructuras.
Además, Pardo de Vera ha respondido por la contratación de Jésica Rodríguez, pareja del exministro Ábalos, en Ineco, empresa pública filial de Renfe. Según ha declarado, se limitó a reenviar su currículo sin conocimiento del proceso posterior. Esta cuestión ya fue abordada en septiembre, cuando declaró como testigo, aunque en esta ocasión lo ha hecho como investigada.
Ambos ex altos cargos están siendo investigados tras un informe de la Guardia Civil en el que se les vincula con una supuesta trama de adjudicaciones irregulares en el ámbito de obras de infraestructuras ferroviarias y carreteras, presuntamente vinculada al entorno del exministro Ábalos.
El Tribunal Supremo, al no ser aforados, remitió sus casos a la Audiencia Nacional. Según el auto judicial, podrían haber colaborado en facilitar información sobre expedientes y licitaciones siguiendo instrucciones del asesor del ministro.
La investigación se enmarca en el conocido como caso Koldo, que analiza presuntas irregularidades en contrataciones públicas realizadas durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes.