El juez del caso Plus Ultra cita como investigadas a las hijas de Zapatero y a su secretaria
La investigación del denominado caso Plus Ultra suma nuevos nombres. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado poner las actuaciones en conocimiento de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, para que puedan personarse en la causa en calidad de investigadas.
La decisión llega después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara el pasado martes que las tres comparecieran ante el juzgado como investigadas dentro del procedimiento judicial que analiza distintas actuaciones relacionadas con este caso.
Según la resolución judicial, el magistrado notificará a las afectadas su situación procesal y les ofrecerá la posibilidad de intervenir en la causa con las garantías previstas por la ley para las personas investigadas.
En una resolución posterior, el juez fijará la fecha de las declaraciones de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de Gertrudis Alcázar, dentro de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional.
La decisión se produce un día después de que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, compareciera ante el magistrado en el marco de la misma causa.
La investigación del caso Plus Ultra continúa abierta y se encuentra en fase de instrucción, por lo que el procedimiento sigue pendiente de nuevas diligencias y de la práctica de las declaraciones acordadas por el juzgado.
En un auto judicial, el magistrado señala que la fecha de las declaraciones será fijada en una resolución posterior.
La sociedad de las hijas de Zapatero, bajo investigación
Respecto a las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Zapatero, el juez recuerda que ambas figuran como administradoras solidarias de la sociedad mercantil Whathefav, una empresa que, según la investigación, estaría vinculada de forma indiciaria al entramado analizado.
El instructor considera que la condición de administradoras de esta sociedad justifica su citación como investigadas, ya que la empresa podría haber desempeñado un papel relevante en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relacionadas con los hechos investigados.
Según el auto, la ley permite citar como investigada a una persona cuando existen indicios racionales de participación o cuando ocupa una posición jurídica directamente relacionada con los hechos objeto de investigación. En este caso, el magistrado subraya que las administradoras de una sociedad presuntamente instrumental deben poder ejercer plenamente sus derechos procesales.
El juez sostiene que llamar a Alba y Laura como testigos sería incompatible con las garantías constitucionales, ya que estarían obligadas a declarar bajo juramento de decir verdad sobre hechos que posteriormente podrían serles atribuidos.
Por ello, considera que su comparecencia como investigadas es la fórmula adecuada para preservar derechos fundamentales como el de no declarar contra sí mismas y garantizar la validez de las diligencias judiciales.
La secretaria también será investigada
En relación con la secretaria de Rodríguez Zapatero, el magistrado señala que existen indicios de una posible participación directa en los hechos investigados, ya recogidos en el auto que autorizó registros y entradas practicados el pasado 18 de mayo.
Estos elementos, según la resolución, justifican igualmente su incorporación al procedimiento en calidad de investigada.
Rechazadas nuevas diligencias
El juez también ha desestimado la mayoría de las diligencias solicitadas tanto por la acusación popular unificada como por el propio expresidente del Gobierno.
Entre ellas, rechaza ampliar por ahora la petición de información dirigida a Estados Unidos, al considerar que primero debe recibirse respuesta a la solicitud de cooperación internacional ya cursada.
Asimismo, descarta citar como investigados al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García, así como llamar a declarar como testigo a Pedro Saura.
La resolución también rechaza la petición de imponer una fianza equivalente a la deuda pendiente de la aerolínea Plus Ultra.
El magistrado recuerda que esta pieza separada no investiga la concesión de las ayudas públicas a la compañía aérea en sí misma, sino las posibles conductas que pudieron influir en su adjudicación y que podrían constituir tráfico de influencias, además de posibles operaciones de blanqueo de capitales relacionadas con fondos procedentes de esa financiación pública.
Por este motivo, concluye que las medidas cautelares solicitadas no se ajustan al objeto concreto de la investigación ni cumplen los requisitos legales de necesidad, proporcionalidad e idoneidad.
