El Gobierno reducirá de forma progresiva la ayuda a los combustibles desde julio hasta eliminarla en octubre

El Gobierno ha aprobado un nuevo Real Decreto-ley con medidas económicas para hacer frente a los efectos de la crisis en Oriente Medio, dotado con 1.825 millones de euros para 2026. Entre las principales novedades figura la retirada progresiva de la bonificación al combustible para los hogares, una ayuda que desaparecerá en octubre si la evolución del mercado energético lo permite.

La decisión fue adoptada este lunes en un Consejo de Ministros extraordinario. Según el Ejecutivo, el objetivo es adaptar las medidas de apoyo a la mejora de la situación energética, aunque mantiene mecanismos para reaccionar si vuelven a registrarse fuertes incrementos en los precios.

Desde el 1 de julio, la ayuda para repostar gasolina y diésel destinada a particulares se reducirá de los actuales 20 céntimos por litro a 15 céntimos. En agosto pasará a 10 céntimos, en septiembre será de 5 céntimos y quedará eliminada en octubre.

El decreto incorpora una cláusula que permitirá recuperar automáticamente la bonificación de 20 céntimos si la inflación de los carburantes supera el 15%, una medida que pretende ofrecer una respuesta rápida ante posibles repuntes del precio del petróleo.

El mismo sistema de activación se aplicará a las ayudas relacionadas con el consumo de electricidad y gas. El Ejecutivo revisará periódicamente la evolución del IPC energético y podrá reactivar estas medidas si los precios vuelven a incrementarse de forma significativa.

Mientras tanto, las ayudas para los sectores profesionales se mantienen sin cambios. Agricultores, pescadores y transportistas seguirán beneficiándose de una rebaja equivalente a 20 céntimos por litro. Además, el Gobierno destinará otros 165 millones de euros para apoyar la compra de fertilizantes por parte del sector agrario.

En el ámbito laboral, el nuevo paquete prorroga la prohibición de despedir para las empresas que reciban ayudas vinculadas a la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio. Como novedad, estas compañías deberán impulsar planes de movilidad sostenible para sus trabajadores.

Otra de las medidas incluidas afecta al Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. El Ejecutivo ha aprobado una reducción progresiva de este tributo, que se situará en el 5% durante 2026, bajará al 3,5% en 2027 y desaparecerá definitivamente en 2028.

Según el Gobierno, esta rebaja favorecerá la competitividad del sector energético y contribuirá a impulsar las energías renovables. La industria estima que la eliminación del impuesto supondrá un impacto económico cercano a los 2.600 millones de euros anuales y permitirá la creación de unos 3.700 puestos de trabajo.

Las medidas de carácter temporal tendrán una vigencia inicial de tres meses. Paralelamente, el Ejecutivo ha actualizado sus previsiones económicas y ha elevado hasta el 2,6% la estimación de crecimiento del PIB para este año, cuatro décimas más que en la anterior proyección.