El Gobierno ha planteado esta semana en la mesa de diálogo de Seguridad Social una nueva subida de las cotizaciones de los trabajadores autónomos entre 2026 y 2028.
La iniciativa busca equiparar gradualmente la contribución de los autónomos con la de los asalariados, aunque ha generado un amplio rechazo entre las principales asociaciones del sector y carece de respaldo político, incluso dentro del propio Ejecutivo.
La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, establece incrementos variables según los ingresos. En 2026, las cuotas crecerían entre un 4,3% para quienes ganen entre 10.800 y 14.000 euros anuales, y un 34,9% para los que superen los 72.000 euros.
De aplicarse todo el plan, entre 2026 y 2028 las subidas oscilarían entre el 13% y el 104,9%. En términos económicos, la cuota mínima pasaría a 217 euros mensuales —17 más que en 2025— y la máxima alcanzaría los 796 euros, con un aumento de 206 euros.
Argumentos del Ejecutivo
El Gobierno defiende que la medida persigue reducir la brecha entre asalariados y autónomos, en cumplimiento del calendario fijado por el Real Decreto-ley 13/2022. Según datos oficiales, el 40% de los autónomos —1,38 millones de personas— se sitúan en los tramos de menor cotización, donde el impacto sería limitado.
Además, un 63% de los trabajadores por cuenta propia en estos niveles decidió sobrecotizar en 2023 para mejorar sus prestaciones. El Ejecutivo destaca que las cuotas actuales siguen siendo inferiores a la inflación acumulada desde 2022 y por debajo del mínimo anterior, fijado en 294 euros.
Rechazo de las asociaciones y falta de apoyo político
La principal organización del sector, ATA, ha mostrado su rechazo frontal a la propuesta. Su presidente, Lorenzo Amor, ha calificado la medida de “sablazo” y critica que se fijen bases de cotización a largo plazo sin considerar el contexto económico.
Por su parte, UATAE advierte de que el plan “interrumpe” la reducción de cuotas a los autónomos con menores ingresos, mientras que UPTA considera que la propuesta mantiene la línea del acuerdo de 2022.
La iniciativa ha dejado al PSOE prácticamente solo en su defensa. Ni Sumar —socio del Ejecutivo— ni partidos como ERC o Junts la respaldan. Desde Sumar señalan que el esfuerzo recaudatorio debería centrarse en los “rentistas” y no en los emprendedores.
La oposición, formada por PP y Vox, también ha manifestado su rechazo.
Objetivo y contexto económico
El aumento de cotizaciones forma parte del plan de reforma de las pensiones acordado con la Comisión Europea dentro del Plan de Recuperación. Su meta es reforzar los ingresos del sistema y asegurar la sostenibilidad ante la jubilación de la generación del baby boom.
El anterior ministro, José Luis Escrivá, estimó que la medida aportará hasta un 0,5% del PIB anual —unos 6.500 millones de euros— una vez completada la transición en 2032.
Expertos advierten de que, aunque la reforma incrementará los ingresos a corto plazo, también elevará el gasto futuro, ya que los autónomos generarán derecho a pensiones más altas. A medio y largo plazo, el sistema de pensiones podría volver a afrontar desequilibrios financieros similares a los actuales.
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