El Gobierno de La Rioja refuerza las garantías para asegurar la correcta ejecución de los fondos europeos
El Ejecutivo regional aprueba una revisión del Plan antifraude para intensificar los análisis de riesgo y de conflicto de intereses de los proyectos y contratos tramitados por las 105 entidades locales adheridas al protocolo en el último año
El Consejo de Gobierno ha aprobado en reunión de hoy, día 17, la revisión del Plan antifraude de fondos europeos Next Generation, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con el objetivo de intensificar los análisis de riesgo y de conflicto de intereses de los proyectos y contratos tramitados por las 105 entidades locales adheridas al protocolo regional en el último año.
De esta forma, la Administración autonómica refuerza las garantías para asegurar la correcta ejecución de los fondos procedentes de la Unión Europea y evitar con firme determinación todo tipo de prácticas fraudulentas que pongan en peligro el logro de los objetivos definidos en los diferentes programas.
El Gobierno de La Rioja –incluyendo tanto su Administración General como las diversas entidades de su sector público– tiene una política de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción.
En este sentido, la prevención es una medida básica en la lucha contra este tipo de prácticas, que ha adquirido una nueva dimensión en el caso de los fondos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) activado tras la pandemia de la COVID, sobre el que la Comisión Europea impuso la obligación a las administraciones de dotarse de un catálogo de acciones de control.
El Plan antifraude de fondos europeos entró en vigor en 2021, con una duración de cinco años, e incluye, entre otras, medidas de autoevaluación y de fortalecimiento de los mecanismos de auditoría y de control interno, un sistema de indicadores para la detección y corrección de posibles fraudes, un código ético y un canal interno de denuncia de posibles incumplimientos o fraude en la gestión de fondos europeos.
Se trata de un protocolo abierto a mejoras y revisiones, y el año pasado fue modificado para dar la posibilidad a los municipios y mancomunidades riojanos a adherirse a él, con el fin de facilitarles la adecuada gestión de los fondos comunitarios, reducir las cargas administrativas y evitar que tengan que recurrir a empresas externas para realizar las adaptaciones al Plan. Hasta este momento se han adherido 105 entidades locales.
Ahora, y a propuesta de la Dirección General de Fondos Europeos y Relaciones con la UE en colaboración con la Dirección Política Local, se plantea una segunda revisión del Plan que, en primer lugar, establece que ayuntamientos y mancomunidades intensifiquen los análisis de riesgos, tantos previos como posteriores de las operaciones financiadas, e implementen un control a través de la aplicación de ‘data mining’ denominada MINERVA.
Además, se modifica el modelo de análisis de conflicto de intereses, que será obligatorio en los procedimientos de adjudicación de contratos y de concesión de subvenciones financiados con el PRTR, y que se aplicará los empleados municipales que los gestionen, como ya ocurre con los de la Administración General y los de las diversas entidades del sector público riojano. Su propósito es investigar las posibles relaciones familiares o vinculaciones societarias directas o indirectas en las que puede haber un interés personal o económico susceptible de provocar un conflicto de interés entre los empleados y los participantes en cada procedimiento.