La Guardia Civil y la Policía Local de Logroño han desmantelado un punto de venta de droga que operaba bajo la apariencia de un negocio ilegal de tatuajes. La actuación se ha saldado con la incautación de 824 dosis de cocaína, además de armas prohibidas y diversos objetos de procedencia ilícita.
El operativo ha permitido detener a un hombre de 39 años, vecino de Ventosa, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. El local, que carecía de licencia, funcionaba como cobertura para la venta de estupefacientes.
Según la investigación, el establecimiento no cumplía con los requisitos básicos para ejercer la actividad de tatuajes, micropigmentación y piercing. Presentaba graves irregularidades sanitarias y administrativas, lo que suponía un riesgo directo para los usuarios.
Entre las infracciones detectadas figuran la falta de autorización sanitaria, la ausencia de seguro de responsabilidad civil, deficiencias higiénicas y la inexistencia de medidas de seguridad contra incendios. Estas faltas pueden conllevar sanciones de entre 601 y 15.025 euros.
La investigación se inició el pasado mes de abril tras detectar indicios sobre la posible actividad delictiva del detenido. Los agentes observaron un flujo constante de personas que accedían al local durante breves periodos, muchas de ellas con antecedentes relacionados con drogas.
Además, la ubicación del establecimiento, próximo a un centro escolar, incrementaba la preocupación por el impacto en menores y en el entorno educativo.
Durante los registros, realizados tanto en el local como en una vivienda en Ventosa, se intervinieron cocaína en roca, hachís, marihuana, comprimidos, dinero en efectivo y útiles para la preparación y distribución de droga. También se hallaron armas prohibidas, como una defensa eléctrica, una catana y una pistola de CO₂.
Los agentes localizaron igualmente teléfonos móviles y patinetes que, según las pesquisas, podrían haber sido utilizados como forma de pago por las sustancias.
Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial, mientras que las infracciones administrativas se han trasladado a los organismos competentes. El local ha quedado precintado de forma cautelar.