La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), se opone frontalmente a la eliminación de la consideración de autoridad pública de los docente riojanos que, al parecer, pretende el Gobierno de La Rioja. Una decisión que se adopta sin contar con el consenso de los representantes sindicales y sin que hayan desaparecido ninguna de las causas por las que en su día se adoptó esta normativa que intentaba frenar las agresiones al profesorado por parte de alumnos y algunos padres.
Desde este sindicato no se descarta emprender acciones legales si esto sigue adelante y reafirmen su compromiso en la defensa de los derechos ya adquiridos por los docentes riojanos.
Según se traduce de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos regionales 2022, y tal cómo alertan los medios de comunicación este mismo viernes, el Ejecutivo riojano da una nueva vuelta de tuerca más a las condiciones laborales de los docentes riojanos al quererles quitar la figura de autoridad pública, vigente en La Rioja desde hace 10 años, y que daba una seguridad jurídica a los docentes al igualarlos con otros estamentos de la función pública.
Esta figura de autoridad pública le confería al docente una protección frente a determinados comportamientos violentos de otros miembros de la comunidad educativa. Entre las ventajas que conlleva esta la presunción de veracidad; es decir, el testimonio del docente prevalece frente a otros.
Asimismo, también supone una mayor penalización en caso de que se determine una culpabilidad de agresión, por lo que representa un elemento disuasorio ante las agresiones que tan a menudo sufren los docentes en el ejercicio de su profesión.
Desde CSIF, advierten que no dudarán en llevar a los tribunales la derogación de esta norma al entender que deja desprotegidos a los docentes riojanos y dificulta, aun mas, el ejercicio de la actividad docente.
La Administración tampoco ofrece datos objetivos que demuestren que la normativa actual ya no es necesaria o útil para atajar un grave problema que se viene repitiendo con demasiada frecuencia en nuestros centros educativos como es la violencia, cuya tolerancia debería ser cero, en cualquier ámbito y mucho más en este.
Desde este sindicato afirman que el Gobierno regional “vuelve a tomar, una vez más, decisiones no solamente muy cuestionables sino que afectan directa y gravemente a los empleados públicos, a sus espaldas y sin contar con sus representantes sindicales”.
Según un estudio relativamente reciente realizado por CSIF, el 90 por ciento del personal docente identifica y convive con situaciones de violencia en los centros de educación primaria y secundaria.
En este estudio se pone de relieve que las situaciones de violencias más habituales que describen son peleas, insultos y vejaciones entre compañeros y compañeras, vandalismo y destrozo del material escolar, violencia psicológica, episodios y conflictos con un componente racista y enfrentamientos a través de redes sociales, como WhatsApp.
Los docentes, por su parte, describen amenazas por parte de alumnado y familias, falta de respeto y reconocimiento de la autoridad docente, violencia psicológica y situaciones de indefensión.
De esta manera, según el estudio, más de la cuarta parte de los encuestados considera que la vida en el centro no es agradable y que la disciplina es insuficiente. Y lo que es peor, el 75 por ciento entiende que el profesorado tiene muy poca o ninguna autoridad.
CSIF cree necesario alcanzar un pacto social, en el que se involucren todos los agentes de la comunidad educativa, medios de comunicación, sociedad civil y responsables políticos, para convertir los centros en espacios de ‘tolerancia cero’ hacia cualquier manifestación de violencia.
Más allá de las situaciones graves de violencia, con casos de agresiones o acoso escolar, a diario se suceden episodios más sutiles y latentes en nuestras aulas que no debemos tolerar, actuando de manera preventiva.
Además, los recortes en personal, el incremento de la ratio de alumnos por clases y el horario lectivo, así como el déficit en las plantillas de apoyo y refuerzo, dificulta la prevención de este tipo de situaciones. Asimismo, consideramos necesario incrementar la formación del profesorado y adoptar medidas específicas ante las nuevas modalidades de acoso a través de las redes sociales.
Una de las principales reivindicaciones de CSIF es que los docentes puedan trabajar en un ambiente propicio para la labor educativa y, en la actualidad, esta situación difícilmente se da. CSIF siempre ha denunciado estas situaciones de alta y baja conflictividad escolar, apoyando al profesorado que las sufre. Para ello dispone de un instrumento específico -‘CSIF Ayuda Profes’- con el objetivo de informar, asesorar y apoyar al docente y mejorar así la convivencia escolar.