CSIF alerta de más de 1.000 expedientes pendientes en la Oficina de Extranjería de La Rioja y pide refuerzos urgentes
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido del colapso en la Oficina de Extranjería de La Rioja, donde actualmente se acumulan más de 1.000 expedientes pendientes de tramitación. Según el sindicato, algunos procedimientos continúan sin resolverse desde julio de 2025.
CSIF señala que esta situación se arrastra desde hace meses y la atribuye, entre otros factores, a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería en mayo del año pasado. A su juicio, la normativa ha incrementado de forma notable la carga de trabajo para una plantilla que consideran insuficiente.
El sindicato advierte además de que el escenario podría empeorar con la puesta en marcha del proceso de regularización extraordinario previsto por el Gobierno. En este contexto, temen que el sistema administrativo sufra un nuevo bloqueo si no se adoptan medidas de refuerzo.
Según CSIF, el volumen de consultas y solicitudes ha crecido de manera significativa en los últimos meses. Muchas personas acuden a la oficina para informarse sobre el decreto de regularización, lo que ha provocado una saturación en los registros presenciales y telemáticos.
A esta presión se suman, según el sindicato, problemas técnicos en la aplicación informática de extranjería derivados de la alta demanda, lo que complica aún más la gestión de los expedientes.
Ante esta situación, CSIF reclama un refuerzo inmediato de personal tanto en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno —dependientes del Ministerio de Política Territorial— como en la Dirección General de la Policía, responsable de la documentación y de los trámites asociados.
El sindicato también ha pedido a la Delegación del Gobierno que planifique con antelación la aplicación de la normativa para evitar nuevos colapsos administrativos.
Por otro lado, CSIF ha mostrado su rechazo a la subcontratación de servicios públicos como posible solución al problema. A su entender, la externalización puede afectar a la calidad de la atención y a las condiciones del empleo público.
La organización advierte de que, si no se adoptan medidas organizativas y de personal, el proceso extraordinario podría convertirse en un “cuello de botella” en las oficinas de extranjería. Esto podría repercutir también en las comisarías, donde se tramitan documentos como el DNI o el pasaporte, y afectar tanto a ciudadanos extranjeros como nacionales.