Calama reclama el acta de los regalos recibidos por Presidencia durante los mandatos de Zapatero
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra, ha solicitado a la Subdirección General de Patrimonio del Estado el acta de aceptación de los regalos institucionales recibidos por Presidencia durante los dos mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero.
El magistrado concede un plazo máximo de dos días para remitir la documentación correspondiente a las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011. El requerimiento busca comprobar su incorporación al patrimonio estatal y su adscripción al Ministerio de la Presidencia.
Esta diligencia precede a la decisión sobre la petición de la defensa de enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para acreditar la procedencia de las joyas intervenidas en el despacho profesional del expresidente el pasado mes de mayo.
La defensa sostiene que las joyas fueron un regalo del monarca saudí
Los abogados de Zapatero sostienen que las piezas proceden de un obsequio del monarca saudí durante su visita a España en 2007. Por ello, solicitan que las autoridades de ese país certifiquen su origen.
Las joyas tienen una valoración provisional de 1,3 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas las pesquisas sobre su procedencia y su valor de mercado.
Anticorrupción pide investigar un posible delito de malversación
La solicitud de documentación responde a una petición de Anticorrupción, que se opone a tramitar la comisión rogatoria al considerar que no está justificada y cuestionar su utilidad.
La fiscal Elena Lorente también ha pedido que se atribuya al expresidente un presunto delito de malversación, además de los delitos fiscales y de contrabando investigados.
Según el criterio de la Fiscalía, las joyas debieron entregarse a Patrimonio del Estado y su conservación habría supuesto una disposición indebida de bienes públicos. Anticorrupción sostiene, asimismo, que ese posible delito no habría prescrito.
El juez ha reclamado el acta antes de resolver las solicitudes de las partes. La petición de la Fiscalía no supone que el magistrado haya acordado ampliar la investigación por malversación.