Aprobado el anteproyecto de la Ley de Simplificación Administrativa para atraer inversiones y generar empleo
El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy, 16 de septiembre, el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, una norma que busca reducir la burocracia, modernizar la gestión pública y atraer inversiones. El texto será remitido al Parlamento de La Rioja para su tramitación y tiene como objetivo impulsar la competitividad económica y la creación de empleo.
Esta normativa permitirá que empresas procedentes de otras comunidades autónomas se instalen en La Rioja sin necesidad de obtener permisos o licencias que ya posean en su lugar de origen. Con ello, se pretende agilizar la actividad empresarial y convertir a la región en una de las comunidades con mayor calidad normativa y agilidad administrativa de España.
El proyecto forma parte del Plan de Simplificación Administrativa, Calidad Normativa y Mercado Abierto 2025-2029. Se ha elaborado con la participación de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF) y colectivos sociales, como la Plataforma del Tercer Sector, además de una fase de consulta pública para recoger aportaciones ciudadanas.
Mercado abierto y libre circulación
Uno de los puntos clave es la creación de un mercado abierto, que permitirá la libre circulación y establecimiento de empresas de otras regiones. Las compañías no tendrán que acreditar nuevamente requisitos que ya hayan cumplido en su comunidad de origen, facilitando así su expansión y reduciendo costes.
Esta medida incluye también la libre comercialización en La Rioja de productos fabricados legalmente en cualquier otra región de España. Sin embargo, establece excepciones en casos que requieran instalaciones físicas, gestión de dominios públicos con operadores limitados o por motivos de orden y seguridad pública.
Reducción de plazos y nuevas figuras
La Ley fija un plazo general de tres meses para la resolución de trámites y establece el silencio administrativo positivo como norma general. Además, sustituye licencias y autorizaciones previas por mecanismos más ágiles. Todos los procedimientos deberán adaptarse a estos cambios en un máximo de nueve meses.
Se incorpora también la figura de las Entidades Colaboradoras de Certificación, encargadas de validar la documentación presentada por empresas y ciudadanos. Su uso será voluntario y se financiarán mediante honorarios abonados por los propios clientes.
El texto incluye medidas para reforzar la transformación digital de la Administración riojana. Entre ellas destacan la mejora de la carpeta ciudadana, la creación de una Plataforma de Gobernanza de Datos para compartir información entre organismos y la implementación de herramientas basadas en Inteligencia Artificial y automatización, con el fin de reducir trámites y agilizar la atención.
Con este proyecto, el Ejecutivo riojano busca modernizar la relación entre la Administración, empresas y ciudadanos, ofreciendo un servicio más cercano, ágil y transparente, y consolidando a La Rioja como un territorio atractivo para la inversión y el crecimiento económico.