VOX pregunta por los derrumbes y el coste de los derribos en el casco antiguo de Calahorra
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Calahorra ha registrado una batería de preguntas dirigidas al concejal de Urbanismo para su respuesta en pleno sobre la situación del casco antiguo de Calahorra y el coste económico de los derribos ejecutados en los últimos años.
La iniciativa, presentada por la portavoz municipal Teresa Arnedo, solicita datos concretos sobre derrumbes, expedientes de ruina, desalojos y el dinero invertido y recuperado por el Consistorio en actuaciones subsidiarias.
Entre las cuestiones planteadas, VOX pregunta cuántos derrumbes o derrumbes parciales de viviendas se han producido en 2024, 2025 y en lo que va de 2026 en el casco histórico de la ciudad.
También solicita información sobre si existe un informe técnico actualizado del estado estructural de los edificios del casco antiguo y la fecha del último documento elaborado.
El grupo municipal quiere conocer cuántos inmuebles están actualmente en expediente de ruina y cuál es el periodo medio que transcurre desde que se declara la ruina de un edificio hasta su derribo efectivo.
En su escrito, VOX pregunta además qué inspecciones preventivas se han realizado en los dos últimos años y si el Ayuntamiento dispone de un plan de revisión de edificios del casco antiguo o si las actuaciones se producen únicamente cuando surge una incidencia.
Otra de las cuestiones se centra en las medidas de control que se están aplicando para evitar nuevos derrumbes y en el plan concreto del equipo de Gobierno para frenar el deterioro de esta zona histórica de la ciudad.
En caso de no existir un plan específico, el grupo solicita que se detalle cuándo está previsto elaborarlo.
Asimismo, VOX pide datos sobre el número de vecinos desalojados en 2024, 2025 y 2026 a consecuencia del estado de los inmuebles.
Por último, la portavoz reclama información económica detallada: el coste total abonado en derribos por ejecución subsidiaria desde julio de 2023 hasta la fecha actual, así como el importe que ha sido recuperado y efectivamente cobrado a los propietarios por estas actuaciones.
Las preguntas se formulan al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que reconoce el derecho de los concejales a obtener la información necesaria para el desarrollo de su labor.