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VOX acusa al Ayuntamiento de Calahorra de retrasar el acceso a expedientes judiciales

El Grupo Municipal VOX en Calahorra ha denunciado la negativa del equipo de gobierno a facilitar información sobre los procedimientos judiciales en los que el Ayuntamiento figura como parte. Según la formación, la falta de respuesta vulnera el derecho de los concejales a acceder a la información municipal.

Para los de la formación de Abascal, este es «un nuevo episodio de opacidad institucional que atenta contra los principios más básicos de la democracia y el Estado de Derecho».

El pasado 14 de julio de 2025, la portavoz del Grupo Municipal VOX, la concejal Maite Arnedo, registró formalmente una solicitud de acceso a la información mediante entrada general número 2025/010321, requiriendo un listado actualizado de todos los procedimientos judiciales abiertos o en curso en los que el Ayuntamiento de Calahorra figure como parte. En dicha petición se solicitaban, de forma clara y detallada, los datos esenciales de cada procedimiento: tipo de proceso, órgano judicial, fecha de inicio, objeto del procedimiento y estado procesal actual.

La portavoz de VOX, Maite Arnedo, registró el pasado 14 de julio una solicitud formal para obtener un listado actualizado de los procesos judiciales abiertos, con datos como el tipo de procedimiento, órgano judicial, fecha de inicio, objeto y estado actual. La petición se tramitó bajo la entrada general número 2025/010321.

El 17 de julio, el consistorio comunicó que el acceso se concedería cuando el servicio correspondiente tuviera lista la documentación. VOX asegura que, pese a reiterar la solicitud en seis ocasiones entre el 30 de julio y el 8 de agosto, a fecha 11 de agosto no se ha entregado la información.

La formación recuerda que la legislación de régimen local fija un plazo máximo de cinco días para responder, y que cualquier retraso injustificado supone una obstrucción a la labor de fiscalización de la oposición.

Asimismo, VOX sostiene que el derecho de acceso a la información es parte del derecho fundamental de participación política, recogido en el artículo 23 de la Constitución. Por ello, exige la entrega inmediata de los expedientes y el fin de lo que califican como prácticas obstructivas por parte de la Alcaldía.

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