Siete detenidos por explotar laboralmente a 45 trabajadores en fincas agrícolas en La Rioja Baja
La Guardia Civil ha detenido a siete personas —seis hombres y una mujer, de entre 28 y 50 años— acusadas de integrar una red criminal dedicada a la explotación laboral de al menos 45 trabajadores en situación irregular en fincas agrícolas de La Rioja.
Los agentes constataron que los empleados trabajaban sin contrato y vivían hacinados en habitaciones sin ventilación ni higiene, e incluso algunos eran encerrados con candados. Entre las víctimas se encontraban tres menores de 12, 15 y 17 años, que desempeñaban las mismas tareas que los adultos.
A los detenidos se les atribuyen presuntos delitos de organización criminal, trata de seres humanos, detención ilegal, delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.
Según la investigación, la red captaba a personas de origen marroquí en situación de vulnerabilidad en distintos puntos del país, ofreciéndoles empleo y la promesa de regularizar su situación en España. Una vez en La Rioja, eran alojados en viviendas insalubres y sobreocupadas, desde donde eran trasladados a las fincas para realizar labores de poda, desbroce o recolección de fruta y verdura.
Los trabajadores carecían de contrato laboral y cobraban su salario en efectivo. En algunos casos, apenas percibían remuneraciones simbólicas, como un euro por kilo de piparra recogido, mientras que otros no llegaban a cobrar. Además, se les descontaban 150 euros por compartir estancia o 50 euros por una cama, generando una dependencia total respecto a la organización.
Durante la operación “Landwrt”, los agentes realizaron registros simultáneos en cinco inmuebles y cinco naves industriales, donde se encontraron a varias de las víctimas. En uno de los registros, los guardias hallaron a un matrimonio encerrado en una habitación de apenas 30 centímetros de ventilación, con un colchón y una manta en el suelo.
En el operativo se incautaron 22.000 euros en efectivo, 2.500 euros en joyas, documentación diversa y dos vehículos. También se procedió al bloqueo de seis cuentas bancarias y a la suspensión temporal de la empresa vinculada a la red.
La investigación, desarrollada por agentes de Policía Judicial de Calahorra con apoyo de unidades de Arnedo, patrullas de seguridad ciudadana y el grupo cinológico, continúa abierta para esclarecer posibles ramificaciones en otras zonas del país.