Pedro Sánchez ha defendido hoy ante el Congreso un plan nacional de lucha contra la corrupción que reúne 15 medidas elaboradas junto a la OCDE. El presidente subrayó que «no existe una corrupción sistémica» en España, pero admitió que «se necesita hacer más» y prometió agotar la legislatura hasta 2027.
El eje principal prevé una agencia anticorrupción independiente, controles patrimoniales a altos cargos e implantación de Inteligencia Artificial en la contratación pública para detectar fraudes. También se exigirá a partidos y fundaciones auditorías regulares.
El segundo bloque protege a los denunciantes, mientras que el tercero refuerza la capacidad sancionadora del Estado: secciones judiciales especializadas, prioridad procesal para casos con cargos públicos, refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción y sanciones sobre ingresos anuales a empresas corruptoras, inhabilitadas para contratar con la Administración.
Un cuarto eje, de carácter educativo, impulsará campañas y estudios para fomentar un «cambio cultural» y consolidar una sociedad íntegra. El plan promete incluir un seguimiento auditado por la OCDE y evaluaciones periódicas a los 12 y 24 meses para medir su eficacia.
A pesar ello, muchos lo han considerado insuficiente puesto que, afirman, muchas de esas medidas no son novedosas y no han funcionado para evitar situaciones como las que actualmente afectan a los presuntos casos de corrupción alrededor de de Cerdán, Koldo y Abalos.
Sánchez pidió «perdón» por los casos que afectan a «tres personas» de su partido y recordó que su ejecutivo ha aprobado medidas previas contra la corrupción. Respondió a la oposición señalando que «no tiene miedo a las elecciones» y reiteró que «habrá elecciones en 2027».
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó de insuficientes las explicaciones e instó a Sánchez a explicar lo que sabía sobre el caso Cerdán, devolver posibles fondos ilícitos y convocar elecciones anticipadas. Feijóo calificó el plan de meramente cosmético.
El presidente replicó citando casos pasados que afectaron a gobiernos populares y defendió que el suyo es «el más limpio de la democracia reciente», incluyendo, entre ellos, los ocurridos durante el gobierno socialista de González.
El líder popular le recordó a Sánchez que él afirmó haber tomado la decisión de afiliarse al PSOE cuando Barrionuevo y Vera entraron en prisión.
Formaciones como Sumar, ERC y Junts respaldaron el plan, aunque enfatizaron la necesidad de que las medidas se implementen con rapidez y profundidad. Junts llegó a advertir que no apoyaría una “farsa” sin evidencias palpables.
Destacaron las declaraciones de una ya no crítica Yolanda Díaz, de Sumar, que reclacó el tono humilde de Sánchez y exigió mayor compromiso político por parte del Ejecutivo
Sánchez reconoció «frustración» pero aseguró que «cumplirá hasta la última coma» de los acuerdos y seguirá negociando, incluida la agenda catalana tras la amnistía.