Nueve acusados, entre ellos el alcalde de Soto, admiten un fraude de 95.000 euros en ayudas públicas
Nueve personas, incluido el actual alcalde de Soto de Cameros, han sido condenadas tras reconocer su implicación en un fraude relacionado con subvenciones públicas por valor de 95.000 euros, concedidas en 2010 para un proyecto de desarrollo rural.
El juicio, celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Logroño, ha concluido con una sentencia de conformidad entre las partes. El acuerdo incluye rebajas de pena por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas, al haber transcurrido más de diez años desde que se abrieran diligencias en 2014.
El caso implica a responsables municipales y técnicos que, según el fiscal, simularon presupuestos inflados para lograr que las ayudas cubrieran el total de las obras de un supuesto proyecto turístico, comercial, agropecuario e industrial. Entre los condenados figuran el alcalde Pedro Elías Cristóbal, cuatro concejales, el secretario del Ayuntamiento, dos técnicos, un empresario y un testaferro.
El tribunal ha impuesto penas de prisión, multas e inhabilitaciones para ejercer cargo público o acceder a subvenciones. El actual alcalde y los concejales han sido condenados a 4 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa.
El secretario municipal, además, deberá cumplir 14 meses de prisión, pagar una multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros y permanecer inhabilitado durante varios años, tras ser condenado por falsificación de documento público y prevaricación.
El empresario, que promovió el proyecto junto al entonces alcalde Miguel Pedro Cuesta —ya fallecido—, ha recibido dos condenas de 6 meses de prisión y una inhabilitación de tres años para recibir ayudas. Su testaferro ha sido sentenciado con una pena similar.
Los dos técnicos que avalaron los presupuestos ficticios han sido multados con cuatro meses de cuota diaria a razón de seis euros por falsedad de certificación.
El fiscal también ha retirado la acusación contra un concejal de Izquierda Unida por no haber tenido una participación directa en el fraude, limitándose a respaldar las decisiones adoptadas en los plenos por el entonces alcalde.
Este caso pone fin a una instrucción judicial que se ha prolongado más de una década, y que afecta directamente a la gestión de fondos públicos y al uso irregular de ayudas provenientes del Gobierno de La Rioja y la Unión Europea.