El proceso de estabilización aprobado por el Gobierno de La Rioja a finales de 2022 ha acabado ante la Justicia. La Resolución 1912/2022, de 28 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se convocan los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público, en la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se aprueban las bases específicas que han de regir los mismos ya está en los tribunales de lo contencioso administrativo, concretamente en la Sala de dicho orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.
Así lo recoge el BOR de 24 de enero de 2023 que contiene el anuncio del recurso contencioso administrativo tramitado como procedimiento ordinario 2/2023, en el que ahora el Gobierno de La Rioja debe remitir el expediente administrativo al Tribunal y, a su vez, emplaza a los posibles interesados a personarse en el citado procedimiento.
De esta forma, el cuestionado proceso de estabilización por el que se convocaban plazas y mediante el que el Gobierno Andreu quería convertir a los aspirantes en empleados públicos vía concurso de méritos ; esto es, sin examen o concurso-oposición en otros casos , cuantitativamente inferiores; (por ejemplo, en el caso de Administración General las plazas a concurso son 426 y a concurso-oposición 130) ha llegado a los tribunales.
La polémica suscitada gira en torno a si el método de estabilización (el concurso de méritos o concurso oposición para plazas tradicionalmente convocadas por oposición ‘pura’) cumple con los preceptos de igualdad, mérito y capacidad de acceso a la Función Pública que establece la Constitución.
Los criterios que se establecen en la Resolución recurrida para las plazas de Administración General fueron pactados por el Gobierno de La Rioja con los sindicatos UGT, CCOO y STAR -contaron con el voto en contra de CSIF- por el que se vieron ‘recompensados’ con el aumento de su bolsa de horas sindicales de acuerdo a la siguiente escala al conformarse una Comisión de seguimiento entre el Gobierno y los firmantes:
Ya el pasado mes de mayo, en asamblea, la Asociación de Técnicos de Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja (ATAGCAR) decidió llevar a los Tribunales el Decreto 25/2022, de 26 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de estabilización correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, para personal de administración y servicios generales y personal docente no universitario en la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y para personal estatutario del Servicio Riojano de Salud, según acta de dicha asamblea, en la que también anunciaba la solicitud de medidas cautelares y la impugnación de las convocatorias de TAG (Técnico de la Administración General) que se celebren al amparo de este proceso de estabilización. Dicho recurso está igualmente sustanciándose en la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de La Rioja bajo el procedimiento ordinario 137/2022.
La cuestión no es baladí, puesto que hay que recordar que la OPE de estabilización aprobada era de 1332 plazas y estos recursos llegan con los procedimientos en marcha y en vísperas de que el Parlamento aborde la nueva Ley de Función Pública y tras anunciar el Consejero González que esta era la «legislatura de los funcionarios».