La UCO irrumpe en Correos, Hacienda y Transición Ecológica en busca de documentación relacionada con la trama Leire Díez
La operación de la Unidad Central Operativa continúa abierta con nuevas actuaciones en organismos públicos.
Agentes de la Guardia Civil han acudido a sedes de Correos y de distintos departamentos de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relacionada con adjudicaciones bajo sospecha.
Estas diligencias se producen tras la detención de Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y del empresario Joseba Antxon Alonso.
Los agentes han requerido información en la Dirección General de Patrimonio del Estado, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y en la sociedad pública Cofivacasa.
A estas peticiones se suman registros efectuados en días previos.
La Guardia Civil ha accedido a las sedes de la propia SEPI y de empresas participadas como Mercasa, ENUSA Industrias Avanzadas y Sepides.
También se han realizado actuaciones en oficinas de Forestalia en Madrid y Zaragoza, en un inmueble vinculado a reuniones de Díez y en el despacho SDP Estudio Legal.
La investigación permanece bajo secreto y está dirigida por la Fiscalía Anticorrupción.
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña instruye el caso, que incluye posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Los tres detenidos comparecerán este sábado, y en los próximos días declararán otras personas investigadas, entre ellas José Vicente Berlanga, expresidente de ENUSA.
Fuentes próximas al caso señalan que esta presunta trama se solapa parcialmente con la que analiza el Tribunal Supremo sobre contratos en el Ministerio de Transportes.
La coincidencia de empresarios y sociedades como Servinabar relaciona ambos procesos, aunque destacan que se trata de investigaciones distintas.
Según estas mismas fuentes, la red habría empezado a operar tras el cambio de Gobierno en 2018.
En ese periodo, Fernández Guerrero asumió la presidencia de la SEPI y Díez ocupó un cargo de comunicación en ENUSA.
Años después, el expresidente de la SEPI solicitó autorización para trabajar como asesor de Servinabar, empresa vinculada al tercer detenido.
La documentación recabada recoge pagos a Fernández Guerrero por parte de Servinabar entre 2021 y 2023.
Díez, por su parte, trabajó en ENUSA hasta 2021 y pasó a Correos en 2022, donde ocupó un puesto directivo hasta 2024.
La Fiscalía le atribuye en ese procedimiento un papel destacado en un supuesto plan para influir en investigaciones abiertas. Ahora, la UCO y Anticorrupción analizan su posible implicación en esta nueva presunta trama de corrupción.