La UCO examina «bingo en Logroño», la obra del tramo Arrúbal-Navarrete
La UCO investiga la adjudicación del tramo Arrúbal-Navarrete en La Rioja, un contrato licitado por el Ministerio de Transportes en 2019 por 149 millones de euros.
El proyecto, citado por la trama de Koldo como «bingo en Logroño», fue adjudicado a una UTE liderada por Acciona tras obtener la mejor puntuación entre doce ofertas.
La constructora logró el contrato con una propuesta de 111,8 millones, considerada por la mesa de contratación como «la más ventajosa» y sin ser calificada como baja temeraria. El entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, envió ese mismo día un mensaje al asesor ministerial Koldo García celebrando el resultado, según figura en el oficio remitido al juez.
Años después de la adjudicación, el importe ofertado pasó de ser el más bajo a situarse entre los más elevados tras la aprobación de dos modificados. En mayo de 2022, el Ministerio autorizó incrementar el presupuesto hasta 133 millones y ampliar el plazo de ejecución de 44 a 60 meses por «necesidad de obras adicionales». En noviembre de 2024 se aprobó un segundo ajuste que elevó el coste total a 134,17 millones.
Ya no estaba Ábalos, la ministra era Raquel Sánchez, pero continuaba Herrero como director general de Carreteras. Los modificados fueron aprobados por el Consejo de Ministros, en un contexto marcado por el encarecimiento de materiales tras la guerra de Ucrania.
No obstante, la UCO y el juez analizan estos incrementos dentro de una investigación más amplia, que incluye que Acciona ganara concursos sin ser la oferta más económica, sobre presuntas prácticas irregulares en adjudicaciones y posteriores revisiones económicas.
La obra riojana también figura en la declaración ante el Supremo del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien aseguró haberse interesado por el proyecto por su relevancia electoral antes de los comicios de 2019, negando cualquier contraprestación económica.
Mientras avanza la investigación, Acciona ha comunicado el cese de su responsable de construcción en España y la apertura de una revisión interna. El exdirectivo que actuaba como enlace con la trama declaró no tener información sobre esta obra concreta.
El ex director general de Carreteras, Javier Herrero, investigado en la causa, es señalado por la UCO como uno de los cargos que intervinieron tanto en la adjudicación como en los modificados posteriores del contrato.