El Gobierno de La Rioja ha rechazado la propuesta del Ejecutivo central sobre el reparto de menores no acompañados, al considerar que colapsaría la capacidad de acogida de la región. Actualmente, la Comunidad dispone de 135 plazas, con un grado de ocupación del 98%, cifra que aumentará un 12% en abril hasta alcanzar las 153.
El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha instado al Gobierno de España a reconsiderar la medida y a buscar el consenso con las comunidades autónomas. Capellán ha subrayado que la propuesta es una imposición fruto de un acuerdo político con Junts, sin diálogo previo ni consulta a las autonomías.
La postura del Ejecutivo riojano se produce tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2025, que regula la distribución de menores migrantes no acompañados en situación de contingencia migratoria extraordinaria. Para Capellán, la normativa responde a un acuerdo político y no a criterios objetivos de distribución equitativa entre las comunidades.
Capacidad de acogida y recursos disponibles
La Rioja, según ha recordado Capellán, es una comunidad solidaria y comprometida con la acogida de menores, pero dentro de sus capacidades y con los recursos necesarios. En la actualidad, la región tutela a 197 menores, de los cuales 62 están acogidos en familias y el resto en centros y pisos tutelados.
El sistema de acogida de La Rioja cuenta con un equipo multidisciplinar de educadores sociales, psicólogos y otros profesionales que garantizan la atención integral de los menores. Además, se han licitado nuevas plazas para ampliar la capacidad de acogida en un 12% durante 2025.
Críticas a los criterios de reparto
El presidente riojano ha cuestionado los criterios utilizados para distribuir a los menores, como la tasa de paro, ya que se trata de personas que no están en edad laboral. En su lugar, ha propuesto considerar factores como la capacidad de escolarización, destacando que La Rioja tiene una de las tasas más altas de alumnado extranjero en el país, con un 17,10%.
Finalmente, Capellán ha instado al Gobierno central a replantear la medida y a dialogar con las comunidades autónomas para alcanzar un acuerdo basado en el interés del menor y en la garantía de una acogida digna y efectiva.