La Rioja impulsa una nueva Ley con medidas urgentes en servicios sociales, sanidad, urbanismo y fiscalidad
El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado este lunes, 27 de mayo, el anteproyecto de Ley de medidas hacendísticas, presupuestarias, tributarias y administrativas que introduce importantes reformas en distintos ámbitos de gestión autonómica. El texto será remitido al Parlamento regional para su tramitación por el procedimiento de urgencia.
Entre los principales cambios, la norma prevé la creación de la Historia Social Única, un sistema que integrará toda la información de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma. Además, se refuerza la protección de sanitarios, pacientes y familiares frente a agresiones mediante la modificación del régimen sancionador de la Ley de Salud de La Rioja.
El anteproyecto incorpora un total de 11 modificaciones legislativas y se estructura en cuatro títulos diferenciados. Entre sus novedades, destaca también el acceso inmediato a la Renta de Ciudadanía para dos colectivos: menores tutelados por la Comunidad al cumplir 18 años y mujeres víctimas de violencia de género desde los 16 años.
En relación a los servicios sociales, se modifica la Ley 7/2009 para establecer la Historia Social Única. Esta herramienta permitirá centralizar los datos de atención social en un único expediente digital. Asimismo, la Ley 4/2017 se actualiza para ampliar el acceso a la Renta de Ciudadanía a nuevos colectivos vulnerables. El coste estimado para la medida relativa a menores tutelados es de 107.280 euros anuales.
En materia de sanidad, se endurece el régimen sancionador recogido en la Ley 2/2002. El objetivo es que la Administración sanitaria pueda actuar directamente frente a agresiones cuando la vía penal no proceda, imponiendo sanciones proporcionadas a la gravedad de los hechos.
Otro de los cambios relevantes es la incorporación de la figura del directivo público profesional, conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2023. Para ello, se modifica la Ley 3/2003 con el fin de delimitar claramente su papel y evitar confusiones con otros puestos directivos existentes, diferenciando su régimen jurídico y retributivo.
También se introducen ajustes urgentes en el urbanismo, mediante la reforma de la Ley 5/2006. Se retrasa hasta 2030 la obligación de adaptación de los planeamientos generales, con el fin de dar más margen a los pequeños municipios y evitar la paralización de nuevas edificaciones por falta de adaptación normativa.
Dentro del paquete urbanístico, el texto modifica además la Ley 1/2025 para simplificar el acceso a la vivienda. Se suprimen dos fases del proceso de supervisión autonómica en materia de habitabilidad, lo que acorta los plazos para finalizar obras.
En el ámbito tributario, se actúa para resolver una incidencia detectada en la campaña del IRPF 2024. Se modifica la Ley 10/2017 para clarificar la deducción por adquisición de vehículos eléctricos, en coordinación con la Agencia Tributaria. La solución permitirá aplicar la deducción mediante una autoliquidación rectificativa desde el portal Renta Web.
También se actualiza la Ley 5/2010 de Coordinación de Policías Locales. La reforma mejora la redacción de las funciones de los Auxiliares de Policía y adapta los requisitos de estatura y antigüedad para acceder a la permuta, en línea con la normativa de otras comunidades y la jurisprudencia actual.
Por último, la futura ley prevé una tramitación abreviada para adendas de convenios vinculados a fondos europeos. Esto permitirá agilizar modificaciones menores, como la ampliación de plazos o ajustes entre actuaciones, siempre que no alteren el objeto del convenio.
La norma ha superado todos los trámites de participación y consulta previos, incluyendo negociaciones colectivas, dictámenes y memorias, y está lista para su debate en la Cámara autonómica.