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La Rioja impulsa ayudas al pequeño comercio en municipios de menos de 300 habitantes

El Gobierno de La Rioja ha abierto la convocatoria de ayudas al pequeño comercio en municipios de menos de 300 habitantes y entidades locales menores. La línea de subvenciones está dotada con 380.000 euros y podrá solicitarse hasta el 14 de agosto a través de la sede electrónica del Ejecutivo regional.

La medida fue presentada este jueves, 17 de julio, por la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, durante una jornada informativa organizada junto a la Federación Riojana de Municipios (FRM). A la sesión asistieron representantes de una quincena de localidades afectadas.

El objetivo de la convocatoria es apoyar el mantenimiento de pequeños comercios y la venta ambulante en camiones-tienda en núcleos rurales de La Rioja. Se contempla una ayuda fija para la actividad comercial y otra destinada a gastos de inversión, como la mejora del local o del vehículo de venta, entre el 9 de diciembre de 2024 y el 8 de diciembre de 2025.

Pueden optar a estas ayudas los comercios minoristas de productos alimenticios, bebidas y tabaco (CNAE 47.2) que operen en los municipios o entidades locales con menos de 300 habitantes.

Según explicó Simón, la iniciativa busca “mejorar las condiciones de vida” y fomentar el “crecimiento económico” en zonas despobladas. Actualmente, más del 60 % de los municipios riojanos tienen menos de 300 habitantes, según datos del INE.

El presidente de la FRM, Jorge Loyo, valoró la iniciativa como un paso más dentro del Plan Revive, destacando que estos negocios son clave para fijar población y mantener servicios. También subrayó que muchas tiendas o bares han cerrado en los últimos años por falta de rentabilidad.

La convocatoria establece criterios específicos para determinar el importe de cada ayuda. Se otorgará mayor puntuación a municipios con menor censo, a comercios de productos de proximidad, a aquellos que generen empleo femenino y a zonas con más establecimientos abiertos al público.

Estas ayudas se enmarcan en la política regional de Economía Social y Solidaria, regulada por la Ley 9/2022, que impulsa modelos empresariales donde priman las personas y el beneficio colectivo. El órgano responsable de instruir las solicitudes es el Servicio de Trabajo de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral.

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