La Rioja implanta el control biométrico obligatorio en locales de juego para reforzar la protección de menores
El Gobierno de La Rioja ha aprobado la implantación del control biométrico obligatorio en los accesos a establecimientos de juego y apuestas, una medida que entra en vigor este viernes y que busca garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger a menores y colectivos vulnerables.
La orden, publicada este 30 de abril en el Boletín Oficial de La Rioja, establece un sistema que permitirá verificar en tiempo real la identidad de los usuarios, evitando accesos indebidos y reforzando la prevención del juego problemático.
El director general de Tributos, Jesús Ángel Garrido, ha señalado que se trata de una herramienta “segura, garantista y eficaz” que asegura el cumplimiento automático de las restricciones recogidas en la ley. Además, ha destacado que el sistema contará con garantías en protección de datos, como la limitación del almacenamiento de información a un máximo de seis meses.
El control biométrico se aplicará en casinos, bingos, salones de juego, tiendas de apuestas y otros espacios autorizados. Su función principal será identificar previamente a los usuarios y comprobar si tienen prohibido el acceso, impidiendo su entrada en caso afirmativo.
Asimismo, el sistema estará conectado con el Registro de Interdicciones, lo que permitirá bloquear de forma inmediata a personas autoexcluidas o con restricciones vigentes, además de actuar como mecanismo antifraude frente a posibles suplantaciones de identidad.
La medida requerirá el consentimiento expreso del usuario, aunque se contemplan alternativas como la identificación mediante documento oficial o sistemas electrónicos válidos.
Por su parte, la Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación (ARJA) ha valorado positivamente la iniciativa. Su vicepresidenta, Concha Santo Tomás, ha subrayado la importancia de reforzar el control y la concienciación social sobre un problema que trasciende el ámbito familiar, especialmente entre los jóvenes.
Los operadores del sector dispondrán de un plazo de un año para adaptar sus sistemas a esta nueva normativa, que forma parte de una estrategia más amplia de juego responsable centrada en la prevención, la sensibilización y la reducción de daños.