El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado este martes el decreto que regula la Defensoría del Contribuyente Riojano, una nueva figura destinada a reforzar la seguridad jurídica y los derechos de los contribuyentes en su relación con la Administración tributaria regional.
Cualquier ciudadano podrá recurrir a esta figura de forma gratuita y sin necesidad de abogado ni gestor para trasladar reclamaciones, sugerencias o incidencias relacionadas con los procedimientos tributarios.
La Defensoría no supondrá la creación de un nuevo organismo dentro de la Administración autonómica. La función será desempeñada por un funcionario de carrera de la Dirección General de Tributos, que ejercerá su labor con objetividad, imparcialidad y autonomía.
Entre sus cometidos estará analizar las incidencias planteadas por los contribuyentes y formular propuestas para mejorar el funcionamiento de los servicios tributarios y simplificar la relación entre la Administración y la ciudadanía.
La iniciativa responde, según el Gobierno riojano, a la creciente complejidad de la normativa y los procedimientos tributarios, así como al uso generalizado de medios electrónicos y a las necesidades de transparencia y protección de datos.
La nueva figura también tendrá en cuenta las posibles barreras de acceso que afectan a personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de avanzar hacia una Administración tributaria más accesible.
Además de atender las reclamaciones individuales, la Defensoría elaborará informes sobre posibles disfunciones administrativas y procedimientos innecesariamente complejos.
También preparará una memoria anual de quejas, realizará un seguimiento de las sugerencias de los ciudadanos y podrá proponer cambios procedimentales o normativos cuando considere que son necesarios.
Con esta medida, el Ejecutivo riojano pretende avanzar hacia una gestión tributaria más clara y eficiente y reforzar la relación entre la Administración y los contribuyentes.