El Gobierno de La Rioja ha autorizado este martes, 20 de octubre, una aportación de 10.747.792,50 euros para financiar los servicios sociales de primer nivel de Logroño durante 2026 y 2027. El convenio con el Ayuntamiento incluye ayuda a domicilio, atención a menores, conciliación familiar y ayudas de emergencia.
La subvención autonómica se reparte en dos anualidades de 5.373.896,25 euros. El acuerdo, aprobado por el Consejo de Gobierno, establece su vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027.
La principal partida corresponde al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia, con una financiación autonómica máxima de 4.500.006,25 euros al año.
Esta aportación cubre el 50 % del coste estimado del servicio, que prevé prestar 439.025 horas de atención durante 2026.
La atención a menores y familias contará con 221.290 euros anuales para programas de intervención socioeducativa con menores. La cantidad equivale a la mitad del coste previsto de estas actuaciones.
El convenio también reserva 97.600 euros al año para conciliación familiar durante los periodos no lectivos y otros 65.000 euros anuales para ayudas en vacaciones y días sin actividad escolar.
Ambas líneas están vinculadas a la atención de situaciones de pobreza infantil y serán financiadas íntegramente por la Comunidad Autónoma.
En cuanto a las prestaciones económicas, se destinan 340.000 euros anuales a ayudas de emergencia social, con los que el Gobierno regional cubrirá el 50 % del coste previsto.
A esta partida se suman 90.000 euros al año para ayudas al suministro energético y 60.000 euros para el cheque infantil, dirigido a atender emergencias de familias con menores de tres años. Estas dos prestaciones tendrán financiación autonómica del 100 %.
Las cuantías se mantienen en las dos anualidades del acuerdo. El Ayuntamiento de Logroño gestionará y ejecutará los programas, mientras que la Consejería de Salud y Políticas Sociales se encargará de su seguimiento, supervisión y evaluación.
El convenio permite actualizar los programas e inversiones durante su vigencia mediante una resolución de la consejera, en función de las necesidades y de la disponibilidad presupuestaria.