La Comisión Europea cuestiona la legalidad de los 3,6 millones concedidos a Royo Operador Logístico
La Comisión Europea ha puesto en duda la legalidad de las ayudas públicas concedidas a la empresa Royo Operador Logístico para la construcción del Centro Logístico Intermodal en La Rioja.
Según un escrito remitido recientemente a la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM-Rioja), la Dirección General de Competencia alerta de que los fondos públicos, otorgados por la Fundación de la Ciudad del Envase y el Embalaje, podrían vulnerar las normas europeas sobre ayudas de Estado.
La ayuda, cifrada en 3.650.000 euros, fue destinada a financiar la construcción de una terminal intermodal que, según Bruselas, podría haber favorecido de forma selectiva a una sola empresa en detrimento de otras del sector.
El organismo europeo considera que esta concesión podría haber falseado la competencia en el mercado interior, infringiendo el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
El documento señala que Royo Operador Logístico explotará la terminal de forma gratuita durante 33 años, pese a que el terreno sea de titularidad pública. Posteriormente, la Fundación cedería a la empresa el derecho de uso de forma gratuita, lo que refuerza la sospecha de un beneficio económico exclusivo.
Además, la medida no fue notificada previamente a la Comisión, como exige la normativa comunitaria, lo que podría implicar su ilegalidad si no se encuentra amparada por el Reglamento general de exención por categorías (RGEC).
La Comisión subraya que esta operación podría afectar negativamente a otras empresas que hubieran deseado construir o explotar una estación intermodal similar en la región, reduciendo así la competencia efectiva en el sector logístico.
El informe europeo se alinea con el dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja y con las conclusiones de la auditoría de KPMG, que también califican la ayuda como una subvención encubierta contraria a la Ley General de Subvenciones.
La CETM-Rioja ya había denunciado la falta de transparencia y el carácter exclusivo de la ayuda, subrayando que otras empresas del sector no tuvieron acceso a este recurso público.
Ante esta situación, la Comisión podría instar a Royo Operador Logístico a reintegrar los fondos recibidos. Si no fuese posible, incluso podría ordenarse el embargo de bienes para recuperar las ayudas públicas.
Por su parte, la empresa ha reiterado que no ha recibido subvención alguna ni del Estado ni de la Unión Europea. Defiende que la inversión fue asumida por la Fundación, que destinó los fondos a infraestructuras ferroviarias y a un depósito de contenedores.
En comunicados anteriores, Royo Operador Logístico insiste en que todas las mejoras e instalaciones, incluida una gasolinera, han sido financiadas con fondos propios. La compañía recuerda que adquirió la infraestructura tras el cierre de Tabacalera en 2016 y que su proyecto fue declarado de Interés Estratégico Regional.
Este procedimiento abierto por Bruselas se desarrolla en paralelo a acciones legales ya emprendidas en los tribunales españoles, lo que mantiene viva la polémica sobre la legalidad y transparencia de esta operación pública-privada en el ámbito logístico regional.
La operación fue presentada a bombo y platillo por la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, y el director general de Transportes Royo, Abel Royo, en junio de 2022.
El proyecto se catalogó desde el Gobierno de Andreu como una inversión público-privada que permitiría la puesta en marcha del Centro Logístico Intermodal de La Rioja (CLIR) con la máxima capacidad, de forma inmediata y a pleno rendimiento.
Esta inversión se produjo a través de la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje que, a su vez, formaba parte del Plan de Transformación de La Rioja.