La Audiencia Nacional ha iniciado el juicio del caso Kitchen, en el que se investiga una supuesta operación policial irregular para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. El proceso, que se prolongará durante unos tres meses, sienta en el banquillo a diez acusados, entre ellos antiguos altos cargos del Ministerio del Interior.
Entre los principales investigados figuran el exministro Jorge Fernández Díaz y su exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Ambos deberán responder por su presunta implicación en un operativo destinado a obtener información sensible del extesorero popular.
Según la acusación, los hechos se remontan a 2013, cuando, en un contexto de presión política por las revelaciones sobre las cuentas de Bárcenas en Suiza, se habría activado una operación sin control judicial para acceder a documentación comprometedora.
La investigación sostiene que se recurrió a medios policiales y fondos reservados para vigilar al extesorero y sustraer material. En este entramado tuvo un papel relevante Sergio Ríos, quien ejerció como chófer de Bárcenas y habría colaborado con los investigadores a cambio de una compensación económica.
El caso salió a la luz en 2018 durante las pesquisas del denominado caso Villarejo, lideradas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). A partir de entonces, la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor avanzaron en la reconstrucción de los hechos.
Durante la instrucción, han surgido versiones enfrentadas entre los principales acusados. Fernández Díaz ha negado conocer la operación, mientras que Martínez ha defendido su legalidad y aportó mensajes intercambiados entre ambos, uno de los cuales se ha convertido en pieza clave del procedimiento.
En la primera sesión del juicio, las defensas solicitaron la nulidad de las actuaciones al considerar que se produjo indefensión.
Sin embargo, el tribunal de la Audiencia Nacional ha decidido continuar con el juicio de la operación Kitchen al rechazar la petición de suspensión planteada por las defensas de los acusados. La Sala se ha declarado competente para enjuiciar esta presunta trama parapolicial vinculada al espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
El tribunal también ha desestimado la solicitud de la acusación popular, ejercida por el PSOE, de reabrir la investigación contra María Dolores de Cospedal y su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro. La magistrada Teresa Palacios ha señalado que esta petición supondría “bordear” la decisión adoptada en su día por el juez instructor.
En su resolución, la Sala concluye que no se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados, como sostenían las defensas. Asimismo, respalda que el PP no sea juzgado como partícipe a título lucrativo, al considerar que el supuesto beneficio obtenido no tendría carácter económico o patrimonial.
Otra de las cuestiones rechazadas ha sido la anulación de los audios atribuidos al excomisario Villarejo. El tribunal entiende que no procede invalidarlos pese a las dudas planteadas sobre su origen y veracidad.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción también se opuso a la suspensión del juicio. Argumenta que la Audiencia Nacional es el órgano competente y que no se ha producido indefensión por la prolongación del secreto de sumario.
El Ministerio Público coincide además en rechazar la reapertura de la causa contra Cospedal y López del Hierro, al considerar que no existen основания procesales para su incorporación como acusados en esta fase del procedimiento.




