La Audiencia Nacional archiva la causa del apagón eléctrico al descartar un sabotaje terrorista
La Audiencia Nacional ha archivado de forma provisional la investigación abierta por el apagón eléctrico del 28 de abril en la Península al no apreciarse indicios de sabotaje terrorista ni de ciberataque con relevancia penal.
El magistrado José Luis Calama adopta esta decisión tras analizar una batería de informes técnicos solicitados a distintos organismos especializados en ciberseguridad y sistemas eléctricos, que descartan una acción intencionada.
Según el auto, el informe del Centro Criptológico Nacional concluye que el análisis de los registros de seguridad no ha identificado acciones cibernéticas dañinas, ni evidencias de ataques de cibercrimen, actores estatales o grupos terroristas.
En la misma línea se pronuncia el Mando Conjunto del Ciberespacio, tras inspeccionar varios centros de control del sistema eléctrico, así como el INCIBE, que emitió ocho informes sin detectar actividades maliciosas que afectaran a las instalaciones auditadas.
La resolución también recoge el informe de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que realizó doce visitas técnicas sin hallar indicios de ciberataque, y el de la Comisaría General de Información, que analizó miles de grabaciones y correos facilitados por Red Eléctrica, sin referencias a intrusiones en los sistemas.
El juez incorpora además el dictamen del comité de análisis del apagón, que atribuye el cero eléctrico a un origen multifactorial. Entre las causas, señala una capacidad insuficiente de control de tensión, oscilaciones en la red y la desconexión de centrales de generación, algunas de forma aparentemente indebida.
En este contexto, el auto subraya que existía capacidad de generación suficiente en el país, pero que los recursos de control de tensión no estaban programados o no respondieron adecuadamente, lo que descarta una causa penal.
Tras las diligencias practicadas, el magistrado concluye que no se ha acreditado un hecho con relevancia penal y apunta a un conflicto de naturaleza administrativa o civil entre operadores del sistema eléctrico, que deberá resolverse por otras vías.