La AEC muestra su oposición a detener las penalidades a las residencias que no cumplan con los ratios
La Asociación de Enfermería Comunitaria en La Rioja (AEC) ha manifestado su desconcierto con la medida recientemente publicada en el BOR sobre paralización de imposición de penalidades en los contratos de servicios de atención residencial y centros de día para personas mayores de La Rioja. Esta resolución cambia las condiciones y sanciones a las empresas de las residencias de mayores de nuestra comunidad que incumplia la ley vigente respecto a los ratios de profesionales y residentes ante, afirma el ejecutivo, la falta de profesionales, sobre todo médicos y enfermeras.
Desde esta asociación inciden en que es la precarización de las condiciones laborales y salariales la que hace que se produzca esta falta de interés en esta profesión.
«Esto repercute directamente en la calidad y cantidad de los cuidados que se proporcionan con repercusiones inmediatas y directas sobre la calidad de vida e indicadores de mortalidad en nuestros mayores, como quedó al descubierto durante la pandemia del SARsCOV2, así como
en la sobrecarga asistencial que se realiza sobre otros ámbitos asistenciales sanitarios, como son la atención primaria y la hospitalaria pública ambos ya muy tensionados y sobrecargados, para beneficio de intereses privados», señalan.
Desde la AEC piden al Gobierno de La Rioja, que «no ponga en peligro la salud de los residentes ya que, con estas decisiones, en lugar de velar por los cuidados de calidad de los mayores, y la tranquilidad de sus familias, puedan atender a otro tipo de intereses, no precisamente de carácter sanitarios».
Desde la asociación recuerdan que todos los organismos oficiales nacionales e internacionales reconocen que los cuidados profesionales son labor de las enfermeras; y «al eximir a estos centros de la contratación de los mismos, privan a sus residentes de dichos cuidados; poniendo en serio riesgo la salud (e incluso la vida) de estos riojanos».
«La supuesta falta de profesionales, se viene abajo cuando se constata que en 2023 había más de 3.000 enfermeras inscritas como demandantes de empleo. Lo cual demuestra que son las paupérrimas condiciones laborales y económicas las que condicionan esa supuesta escasez de profesionales de estos centros», concluyen.