Juicio del caso Koldo: la ex pareja de Ábalos admite su contratación en empresas públicas sin acudir a trabajar
El primer día del juicio del caso Koldo en el Tribunal Supremo ha estado marcado por la declaración de varios testigos y por nuevas revelaciones sobre la presunta trama de comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía solicita 24 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para el empresario Víctor de Aldama.
Durante la sesión, la testigo Jésica Rodríguez, expareja del exministro, reconoció que fue contratada en las empresas públicas Ineco y Tragsatec por indicación de Ábalos y su entorno. También admitió que cobró un salario sin llegar a desempeñar funciones laborales.
Rodríguez explicó que envió su currículum tras recibir la sugerencia del exministro y que desconocía que ambas entidades fueran públicas. Según su testimonio, pensaba que se trataba de empresas vinculadas a conocidos de Ábalos y Koldo García.
La técnico de Tragsatec que participó en el proceso de contratación señaló que recibió el nombre de Rodríguez con referencias a su supuesta relación familiar con el entorno del ministro. Posteriormente, afirmó que le trasladaron un mensaje desde la presidencia de Adif indicando que “había que dejarla en paz” ante las insistencias para que cumpliera con sus obligaciones.
Otro de los puntos relevantes de la jornada fue la declaración del empresario Luis Alberto Escolano, quien aseguró que pagó el alquiler de una vivienda para Rodríguez por petición de Víctor de Aldama. Según indicó, desconocía inicialmente el vínculo de la inquilina con el exministro.
Además, la testigo confirmó que acompañó a Ábalos en viajes oficiales y que recibió dinero en efectivo, aunque sostuvo que nunca solicitó pagos. También afirmó que, tras finalizar la relación, el exministro continuó asumiendo gastos personales.
En paralelo, responsables de Ineco señalaron que la contratación de Rodríguez no siguió los procedimientos habituales, al no completar el proceso de selección exigido para el resto de empleados.
El juicio, que se desarrollará a lo largo de varias sesiones, analizará el presunto entramado de adjudicaciones irregulares durante la pandemia y la posible existencia de enchufes en empresas públicas vinculados a la trama investigada