El PSOE denuncia irregularidades en la contratación de personal de la Fundación para la Transformación de La Rioja
El PSOE de La Rioja ha denunciado este lunes graves irregularidades en los procedimientos de contratación de personal de la Fundación para la Transformación de La Rioja, tras las conclusiones de una auditoría independiente de la Intervención General que, según el partido, aún no se ha hecho pública.
El diputado regional Miguel González de Legarra afirmó en Logroño que la situación de la Fundación está marcada por la opacidad y deficiencias en el control y la gestión económico-financiera, detectadas en dicha auditoría.
Entre los hechos señalados, el PSOE cita el nombramiento del director-gerente, Arturo Colina, realizado —según la denuncia— sin convocatoria pública, sin publicidad ni concurrencia, lo que, a su juicio, incumple la Ley de Función Pública. Añade que no consta la memoria justificativa previa ni un programa de objetivos y evaluación exigidos por la normativa.
La formación socialista también apunta a irregularidades en los procesos de selección del responsable de transformación digital y del responsable de turismo y patrimonio cultural. En ambos casos, sostiene que la Fundación no respetó su propio protocolo interno, que además habría sido modificado posteriormente para adaptarlo a decisiones ya adoptadas.
De forma específica, el PSOE subraya el proceso de contratación de Francisco Burgos, al considerar que existió conflicto de intereses por la participación del director-gerente en el proceso, pese a una relación personal y profesional previa entre ambos en la Fundación Cajarioja, lo que, según el partido, obligaba a la abstención conforme a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
La denuncia se extiende al Centro Nacional de Industrias del Español (CNIE), donde el PSOE asegura que Manuel Amutio fue nombrado director en junio de 2024 sin convocatoria pública, meses después de haber sido contratado para otro puesto distinto, con asignación de funciones no previstas inicialmente.
Finalmente, el PSOE atribuye la responsabilidad política al Partido Popular y al presidente regional, Gonzalo Capellán, y exige que se remita al Parlamento toda la documentación de estos procesos y que se publique la auditoría para su conocimiento público.