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El PP de Calahorra propone una moción para exigir un marco nacional que garantice la aplicación justa de la Ley de Residuos

El Grupo Municipal Popular pedirá en el Pleno del 24 de noviembre que el Gobierno de España elabore una guía común para los ayuntamientos y habilite apoyo técnico y financiero en la aplicación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados.

El Partido Popular de Calahorra presentará en el próximo Pleno municipal una moción para reclamar al Gobierno central la creación de un marco común que permita aplicar de forma justa y equitativa la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Según la exposición de motivos, el Ayuntamiento ha actualizado su ordenanza fiscal para adaptarla a las obligaciones de esta normativa, que transpone la Directiva (UE) 2018/851 sobre gestión de residuos. Sin embargo, el PP considera que el Estado ha trasladado a los municipios la responsabilidad de financiar el 100 % del servicio “sin ofrecer las herramientas técnicas, financieras ni metodológicas necesarias”.

El grupo popular señala que la falta de un desarrollo reglamentario o de una guía oficial ha generado desigualdades territoriales, inseguridad jurídica y malestar ciudadano. Aun así, subraya que Calahorra “ha cumplido con su obligación legal” y ha ajustado las tasas “con transparencia y responsabilidad”.

La moción defiende que el principio de “quien contamina paga” debe aplicarse “con sensatez, proporcionalidad y justicia social”, y reclama que los ayuntamientos puedan asumir parte del coste del servicio para evitar repercutirlo íntegramente en los contribuyentes.

En su propuesta, el PP solicita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que elabore una guía oficial con un modelo común de cálculo de tasas, así como que el Gobierno promueva cambios legales que permitan mayor flexibilidad a los municipios.

También pide que se establezcan mecanismos de apoyo técnico y financiero para una implantación “justa y ordenada” de la ley.

Por último, pide que el Ayuntamiento traslade el acuerdo al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y al Gobierno de La Rioja para su conocimiento.

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