El Parlamento de La Rioja aprueba la Ley de Simplificación Administrativa para reducir burocracia y agilizar trámites
El Parlamento de La Rioja ha aprobado este jueves, 23 de abril, la Ley de Simplificación Administrativa, Mercado Abierto y Calidad Normativa, con un amplio respaldo de la Cámara. La norma busca reducir la burocracia, agilizar procedimientos y mejorar la eficiencia de la Administración.
El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha señalado que la ley supone “un salto cualitativo” que permitirá ofrecer servicios públicos de mayor calidad, al tiempo que facilitará la relación con ciudadanos y empresas.
La nueva normativa establece un marco legal para modernizar la gestión pública y responde al objetivo de convertir a La Rioja en una comunidad más ágil, eficaz y con mayor calidad normativa. Entre sus fines, destacan la mejora de la competitividad económica y la atracción de inversión.
Uno de los aspectos clave es la implantación del silencio administrativo positivo como norma general y la fijación de un plazo máximo de tres meses para resolver procedimientos, salvo excepciones. Además, se impulsa el uso de declaraciones responsables en lugar de licencias previas para simplificar trámites.
La ley también introduce mecanismos de respuesta inmediata que permitirán obtener documentos en el momento de la solicitud, reduciendo cargas administrativas y costes tanto para ciudadanos como para empresas.
En el ámbito económico, se incorpora el modelo de mercado abierto, que facilitará que empresas de otras comunidades puedan operar en La Rioja sin duplicar permisos. Esta medida pretende eliminar barreras y favorecer la actividad empresarial.
La norma refuerza además la transformación digital de la Administración, con mejoras en la carpeta ciudadana y en la gestión de datos, evitando que los usuarios tengan que aportar documentación ya disponible en el sistema público.
El texto aprobado incluye aportaciones de los grupos parlamentarios y se basa en el Plan de Simplificación Administrativa 2025-2029, elaborado con la participación de organizaciones empresariales y sociales.
Con esta aprobación, el Ejecutivo autonómico inicia una nueva fase de desarrollo normativo para avanzar hacia una Administración más rápida, cercana y eficiente, orientada a mejorar la atención a la ciudadanía y el entorno económico regional.