El juez Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez y acuerda la retirada de su pasaporte
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, afrontará juicio oral después de que el juez Juan Carlos Peinado haya acordado la apertura de esta fase procesal en la causa que investiga presuntos delitos de corrupción. Como medida cautelar, el magistrado ha ordenado la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer dos veces al mes ante el juzgado.
La resolución, dictada este sábado, también afecta a Cristina Álvarez, asistente de Moncloa e igualmente acusada en el procedimiento. Ambas deberán entregar cualquier pasaporte del que dispongan y no podrán obtener uno nuevo mientras las medidas permanezcan vigentes.
Según el auto judicial, las restricciones tendrán efecto durante toda la tramitación de la causa y hasta que exista una resolución firme. Además de la retirada del pasaporte, se ha comunicado la prohibición de salida de España a los puestos fronterizos y aeropuertos para garantizar su cumplimiento.
La decisión llega después de la vista preliminar celebrada esta semana, en la que las defensas solicitaron el archivo del procedimiento, una petición respaldada por la Fiscalía. Por su parte, las acusaciones mantuvieron su solicitud de apertura de juicio oral y reclamaron la adopción de medidas cautelares para las investigadas.
En esta causa también figura como acusado el empresario Juan Carlos Barrabés. No obstante, el juez ha descartado imponerle las mismas medidas debido a su estado de salud, según recoge la resolución.
El procedimiento se centra en presuntos delitos de corrupción entre particulares, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida. La apertura de juicio oral aún puede ser revisada por la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene pendientes de resolver varios recursos presentados por las defensas.
Tras conocerse la decisión, fuentes del Gobierno mostraron su desacuerdo con las medidas adoptadas y cuestionaron la actuación del instructor. El Ejecutivo considera que la investigación carece de fundamento jurídico, mientras que el procedimiento judicial continúa su curso a la espera de futuras resoluciones.
