El juez Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la investigación sobre la trama de Leire Díez
La Audiencia Nacional amplía la investigación del conocido como caso SEPI e incorpora como investigadas a 25 personas, entre ellas la presidenta de la sociedad estatal, Belén Gualda, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
La investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre las presuntas irregularidades vinculadas a la denominada trama de Leire Díez ha dado un nuevo paso.
El magistrado Santiago Pedraz ha acordado imputar a 25 personas, entre ellas la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, siguiendo la propuesta formulada por la Fiscalía Anticorrupción.
Según el escrito del Ministerio Público, uno de los investigados, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, remitió al grupo de mensajería que compartía con Leire Díez un documento relacionado con el rescate de Tubos Reunidos.
Ese informe recogía la cronología de la operación y señalaba que la solicitud contaba con informes favorables de los distintos departamentos de la SEPI, de asesores externos y del Ministerio de Industria.
Asimismo, hacía referencia a un supuesto compromiso de Belén Gualda con el consejero delegado de Tubos Reunidos, Francisco Vicente Irazusta, para que la ayuda fuera aprobada por el órgano gestor del fondo. Irazusta también ha sido citado como investigado.
Cinco operaciones bajo investigación
La causa analiza un total de cinco operaciones en las que, según la investigación, habrían participado Leire Díez, el expresidente de la SEPI y el empresario Antxon Alonso, al que los investigadores vinculan con el exdirigente socialista Santos Cerdán. La hipótesis que maneja la Fiscalía es que los implicados habrían percibido comisiones por sus gestiones.
Los investigadores sostienen que los asuntos se coordinaban a través de un grupo de mensajería denominado Hirurok, término en euskera que significa «nosotros tres».
La operación de mayor volumen económico es el rescate de Tubos Reunidos, que ascendió a 113 millones de euros.
Enusa, Mercasa, Forestalia y Erri Berri
La investigación también alcanza actuaciones relacionadas con la empresa pública Enusa, dedicada al sector del uranio. Su expresidente, José Vicente Berlanga Arona, figura entre los investigados por una supuesta colaboración para facilitar operaciones sobre activos públicos.
Entre los imputados se encuentra igualmente un directivo de Acciona, empresa que, según la investigación, podría haberse beneficiado de esa actuación.
Otra de las líneas de investigación afecta al expresidente de Mercasa, José Ramón Sempere, por una operación inmobiliaria vinculada al traslado de la sede de la empresa pública.
Asimismo, el procedimiento examina actuaciones relacionadas con Forestalia y varios proyectos de energías renovables impulsados por Fernando Samper Rivas.
La investigación analiza gestiones realizadas ante Sepides para una inversión de 17,32 millones de euros, además de una operación societaria que habría generado un beneficio de 6,8 millones de euros para sociedades vinculadas a los investigados.
La quinta línea de investigación se centra en la sociedad Erri Berri. Los investigadores tratan de determinar si el grupo Hirurok influyó para que la empresa obtuviera una adjudicación pública pese a haber presentado una oferta considerada temeraria.
La decisión del juez supone una ampliación de una causa que continúa bajo instrucción y en la que la Audiencia Nacional investiga la posible existencia de irregularidades en distintas operaciones vinculadas a empresas públicas y fondos gestionados por la SEPI.