El Gobierno de La Rioja financiará hasta el 90% del salario de los alguaciles en municipios de menos de 1.000 habitantes
El Gobierno de La Rioja ha presentado una nueva convocatoria de ayudas dotada con un presupuesto anual de 1,5 millones de euros para apoyar la contratación de alguaciles en municipios de hasta 1.000 habitantes. Esta medida beneficiará a 144 ayuntamientos y tiene como objetivo garantizar la prestación de servicios públicos de calidad en el medio rural.
El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha explicado que la subvención cubrirá entre el 50% y el 90% del coste del salario, según la población del municipio. Los importes máximos por localidad serán de 25.000, 15.000 o 8.000 euros anuales.
- Menos de 301 habitantes: hasta el 90% del coste y máximo de 25.000 euros.
- Entre 301 y 500 habitantes: hasta el 70% y máximo de 15.000 euros.
- Entre 501 y 1.000 habitantes: hasta el 50% y máximo de 8.000 euros.
Osés ha subrayado que esta medida permitirá dar “estabilidad y permanencia” a un puesto de trabajo clave para los pueblos. El alguacil desempeña tareas como la vigilancia y custodia de instalaciones, mantenimiento de infraestructuras, reparto de comunicaciones y apoyo administrativo.
La ayuda tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 para los municipios que ya cuenten con alguacil. El periodo subvencionable abarcará desde el mes siguiente a la presentación de la solicitud hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
El plazo para presentar solicitudes se abrirá al día siguiente de la publicación de la orden en el Boletín Oficial de La Rioja y permanecerá abierto de forma continua para facilitar la gestión de los ayuntamientos con menos recursos.
Esta convocatoria se integra en un plan más amplio contra la despoblación que incluye medidas como el Plan Revive, con ayudas de hasta 40.000 euros para adquirir vivienda en pueblos de hasta 5.000 habitantes, transporte gratuito para jóvenes del medio rural, apertura de nuevos cajeros automáticos y ayudas para la demolición de edificios en ruinas.
Con estas actuaciones, el Ejecutivo regional busca garantizar el acceso equitativo a los servicios básicos, fomentar el desarrollo local y contribuir a la fijación de población en las zonas rurales.