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El Gobierno aprueba el proyecto del Estatuto del Estudiantado con paro académico y atención psicológica gratuita

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 20 de octubre, el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario. El texto reconoce expresamente el derecho al paro académico e incorpora garantías de atención psicológica gratuita, conciliación y protección frente al acoso.

La propuesta actualiza el Estatuto de 2010 y desarrolla los derechos y deberes recogidos en la Ley Orgánica del Sistema Universitario de 2023. Su ámbito incluye universidades públicas y privadas, centros adscritos y formación permanente, con independencia de la modalidad docente.

Según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el documento se ha acordado con CRUE, CEUNE y CREUP, organizaciones que representan a las universidades y al alumnado.

Derecho al paro académico y participación estudiantil

Una de las novedades es el reconocimiento del paro académico total o parcial. Cada universidad deberá regular las condiciones y el procedimiento para ejercerlo, con participación de la representación estudiantil y respeto al derecho a la educación.

El proyecto también refuerza la intervención del alumnado en los órganos de gobierno, los procesos electorales y la elaboración de las normas que le afectan. Asimismo, contempla mecanismos de acceso a la información, seguimiento y evaluación.

Salud mental y protocolos contra el acoso

El texto reconoce el derecho a recibir orientación y atención psicológica y de salud mental gratuita y accesible. Prevé, además, unidades de apoyo y protocolos de prevención e intervención ante conductas suicidas.

Las medidas de protección incluyen protocolos específicos frente al acoso y el ciberacoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual o identidad y expresión de género, así como frente al acoso personal.

Conciliar los estudios con el trabajo y la vida familiar

La propuesta contempla planes de conciliación para compatibilizar la universidad con el empleo y las responsabilidades familiares. Entre las medidas figuran los estudios oficiales a tiempo parcial y la suspensión temporal de los estudios.

Estas opciones estarán sujetas a la normativa universitaria y a las posibilidades organizativas de cada institución. También se refuerzan la adaptación curricular, el apoyo educativo y la accesibilidad para estudiantes con discapacidad o dificultades de aprendizaje.

Información antes de la matrícula y garantías en la evaluación

El alumnado tendrá derecho a conocer los planes docentes antes de que se abra la matrícula, con información sobre contenidos, profesorado, idioma, modalidad, prácticas y evaluación.

El proyecto establece garantías frente a cambios en los criterios de evaluación una vez iniciadas las clases y cerrada la matrícula. Las modificaciones deberán seguir el procedimiento previsto y estar debidamente justificadas.

También concreta derechos relacionados con las prácticas académicas y la tutela de los trabajos de fin de grado y de máster, junto al asesoramiento sobre las salidas profesionales de los estudios.

Desconexión digital y uso de inteligencia artificial

El nuevo marco incorpora el derecho a la desconexión digital, aunque prevé excepciones para comunicaciones extraordinarias, como alertas o cambios urgentes de exámenes.

En los deberes del alumnado, recoge la obligación de evitar procedimientos fraudulentos en pruebas y trabajos, incluido el uso inapropiado de inteligencia artificial generativa. También protege los datos personales y la autoría de los trabajos académicos.

La ministra Diana Morant ha señalado que la actualización busca adaptar los derechos y deberes universitarios a los cambios sociales y tecnológicos, con especial atención a la inteligencia artificial y el ciberacoso.

El proyecto incluye, además, medidas de equidad y transparencia en las becas y ayudas, su portabilidad estatal y apoyos a la movilidad. Para el doctorado, contempla garantías sobre supervisión de tesis, formación investigadora y desarrollo de la carrera científica.

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