El 50 % de los casos de violencia de género en pareja se ejercen por medios digitales, según una tesis de la UR
La violencia de género digital, ejercida principalmente a través de mensajería instantánea y redes sociales, está presente en la mitad de los casos en el ámbito de la pareja. Así lo recoge la tesis doctoral de Bárbara María Romo Sabando, defendida en la Universidad de La Rioja.
La investigación, titulada *La violencia de género digital en el sistema penal*, plantea que el sistema penal debe reconocer el alcance de este nuevo daño social, tanto desde el punto de vista legislativo como judicial.
El trabajo se ha desarrollado en el Departamento de Derecho, dentro del programa de doctorado en Derecho y Cambio Social, bajo la dirección de Sergio Pérez González. El tribunal le otorgó la calificación de sobresaliente “cum laude” por unanimidad.
Romo analiza los datos anonimizados de 283 víctimas atendidas en 2023 por la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito del Gobierno de La Rioja. De ellas, 235 sufrían violencia de género de pareja o expareja, y en más de la mitad de los casos el medio utilizado fue el digital.
Las agresiones se dieron principalmente a través de redes sociales y mensajería instantánea. En un 10 %, se emplearon además dispositivos de rastreo, vigilancia o geolocalización.
En el ámbito de la violencia sexual, se contabilizaron 48 casos en 2023. En menos del 25 % se emplearon medios digitales, aunque también predominaron las plataformas de mensajería.
La tesis revela que la presencia de medios digitales está vinculada a agresores y víctimas más jóvenes. La mayoría de las víctimas tienen estudios primarios o secundarios, aunque la violencia digital afecta proporcionalmente más a quienes poseen estudios universitarios.
Según Romo, el entorno digital potencia esta forma de violencia por el aseguramiento del resultado, la difusión rápida del daño y la dificultad para identificar a los agresores.
Propone homogeneizar el concepto de violencia de género digital en el Código Penal, que actualmente mantiene un sistema dual de agravantes. Reclama superar esta estructura para evitar desigualdades entre víctimas.
También plantea que las plataformas digitales asuman una responsabilidad efectiva frente a estos delitos, tanto administrativa como penal, mediante mecanismos de autorregulación y planes de prevención (compliance).
En el ámbito preventivo, sugiere impulsar programas de educación digital en infancia y adolescencia, formación de operadores jurídicos y medidas específicas en centros educativos para alumnado, familias y docentes.
Por último, Romo defiende que el sistema penal solo debe actuar como último recurso y que las políticas públicas deberían asumir un enfoque integral para abordar y reducir la violencia digital por razón de género.